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Abril Moreno

Otra ley que nacerá muerta

De continuar con la cerrazón legislativa, se repetirá el error de la LIE y se aprobará otra ley que nacerá muerta y retrasará en desarrollo del país

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WeTweetEnergy, Columna 2021

Al igual que la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la iniciativa con “Proyecto de Decreto para reformar a la Ley de Hidrocarburos (LH) si se aprueba por el Poder Legislativo tal como se presentó este 26 de marzo ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, será otra ley que nacerá muerta. Explico.

Si bien la exposición de motivos refiere que esta propuesta tiene el objetivo de acabar con los actos ilícitos y la impunidad como el robo y contrabando de combustibles o el famoso “huachicol fiscal”, lo cual, sin duda, es una urgente necesidad en el país, por lo que no podemos más que coincidir con esta intención, la realidad es que no es necesaria esta iniciativa para lograr dicho propósito, ya que actualmente contamos con la Ley de Hidrocarburos y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos que establecen las sanciones correspondientes a estos delitos.

Lo que realmente se requiere es la aplicación efectiva de las sanciones por parte del Estado y, sin embargo, hoy podemos encontrar que las carpetas de investigación iniciadas por violaciones en materia de hidrocarburos cayeron en un 43 por ciento, entre el 2019 y el 2020 y, también presentan un decremento frente a las del gobierno anterior. En otras palabras, no se está persiguiendo el delito como tanto se pregona.

El combate a la corrupción es uno de los ejes principales del actual gobierno federal; empero, las suspensiones y revocaciones de los permisos como lo marca la iniciativa a la LH implican un alto riesgo de discrecionalidad, derivado de una falta de procedimientos claros, de una temporalidad definida y de una autoridad facultada que pueda decidir con competencia sobre la Seguridad Energética, Seguridad Nacional y Seguridad Económica.  

En otras palabras, sería demasiado riesgoso dejar en manos de la Secretaría de Energía, la toma de decisión en materia de la Seguridad Nacional o Seguridad Económica, ya que no cuenta con las capacidades técnicas para estas funciones. 

En cuanto al procedimiento de las suspensiones y tiempo de éstas, les pongo un ejemplo en materia de Seguridad Nacional. Imaginen que cae otra helada y el gobierno decide suspender permisos a los expendedores para proteger al país.  Entonces, por derecho, el permisionario debería saber hasta cuándo van a hacer uso de sus instalaciones, porque no hay temporal que dure cien años, ni permisionario que lo aguante.  Además, se deberá de establecer un procedimiento que explique el por qué de la suspensión, cómo se va a proceder, entre otros varios puntos.  

Cabe señalar, que la discrecionalidad es una puerta abierta a la corrupción, ya que permite que los funcionarios actúen sin un apego a la norma y sólo basen sus acciones en un criterio personal.

Por otra parte, combatir el grave problema de la ilegalidad en materia de hidrocarburos líquidos, únicamente se pueden lograr si las nuevas atribuciones que la LH le otorgan al Estado están debidamente acotadas y sustentadas en el marco Constitucional, garantizando los derechos de los inversionistas que cumplen con la Ley y el marco regulatorio. De otra manera, como ya mencionamos, será otra ley que nazca muerta.

La propuesta que ayer por la noche se convirtió en dictamen, sin haberle modificado una sola coma al texto, viola el artículo 14 de la Constitución que señala la no retroactividad de la ley, ya que la iniciativa afecta los compromisos contraídos de manera previa con las empresas de hidrocarburos líquidos y el artículo 28, que señala la libre concurrencia, que es la libertad que tienen las empresas de competir en un mercado, bajo las mismas condiciones que los demás, así como la libre competencia, derecho que se le otorga a la industria en lo relacionado a la comercialización, distribución, almacenamiento y venta de combustibles; también violenta los tratados internacionales. 

Es importante decir, que México había avanzado en los últimos años en la garantía de estos derechos y esta propuesta los debilita y dilapida el esfuerzo.

Como ya se está volviendo costumbre, este decreto merma la confianza e inhibe las inversiones en un momento crucial para el país debido a la recesión económica que estamos viviendo tras la fallida política la autollamada Cuarta Transformación y la pandemia del Covid-19. 

De continuar con la cerrazón legislativa, se repetirá el error de la LIE y se aprobará otra ley que nacerá muerta y retrasará el desarrollo del país, sólo para beneficiar a la empresa preponderante del mercado, Petróleos Mexicanos y no a los consumidores, que somos todos nosotros, los mexicanos.

Por Abril Moreno

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Abril Moreno es socia directora de Perceptia21 Energía, consultora en energía y asuntos públicos y VP de Asuntos Públicos del Cluster Metropolitano de Energía.

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