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Arturo Carranza Guereca

Antagonismo en el sector energético

Las recientes modificaciones legales en materia energética revelan mucho de lo que se está jugando en México

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Arturo Carranza, Columna 2021

Las recientes modificaciones legales en materia energética revelan mucho de lo que se está jugando en México. A primera vista, las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos se entienden como un afán del gobierno por fortalecer a las empresas públicas de energía en oposición a la competencia en los mercados energéticos. En el fondo se trata de algo más: de una tentativa por redefinir el papel del Estado mexicano, no solo en el sector energético sino en toda la economía. 

Algunos de los argumentos del gobierno para emprender esta redefinición – probablemente es más preciso hablar de restauración – están vinculados con la idea de que el mercado es incapaz de distribuir justa y equitativamente los bienes y servicios que se producen en los mercados energéticos. Esta concepción expresa, de manera simultánea, un deseo por recuperar el principio de razón de Estado, que no es otra cosa que tomar decisiones para salvaguardar al Estado mismo. 

La tentativa del gobierno implica combatir, deslegitimar y, en última instancia, descarrilar un modelo energético que, aun con las imperfecciones que contiene, es capaz de ofrecer bienes y servicios de calidad y a precios accesibles. El modelo combatido, por cierto, encuentra su legitimidad en la participación de múltiples actores, tanto públicos como privados. Por eso, la tentativa resulta en una afrenta para muchos de ellos. 

Las reformas legislativas, de ser validadas por el Poder Judicial, implicarán la restauración de un modelo que opera hegemónicamente y que acompaña sus políticas con una narrativa de confrontación. Con su implementación, se superará un modelo que, por su naturaleza, desconfía del Estado. Si antes el mercado vigilaba el funcionamiento del Estado, ahora será este el que vigile el funcionamiento del mercado. Justo como sucedía antes de la reforma energética de 2013.  

La disyuntiva ideológica es, como lo apunta Rafael Lemus en un exquisito libro (Breve historia de nuestro neoliberalismo, Debate), entre la lógica que persigue el fortalecimiento del Estado mismo y el principio que afirma que el Estado debe acotarse para permitir el libre juego del mercado. Estos son los antagonistas en el sector energético. Estos son los motivos de actual confrontación en el país. 

En la práctica, se trata de estabilidad o caos. Para las empresas privadas que participan en los mercados energéticos, el respeto a las reglas establecidas bajo el modelo de competencia genera certidumbre. La pretensión de fortalecer mediante la vía legal a las empresas públicas es, por antonomasia, una invitación al caos. Invitación, por cierto, que muchos han aceptado. Basta ver el cúmulo de reclamos y amparos que se generaron tras las reformas a las leyes de la Industria Eléctrica y de Hidrocarburos. 

La existencia de este antagonismo no debería ser pretexto para argumentar a favor de que las cosas en el sector energético permanezcan sin cambios. El mundo se transforma a pasos agigantados y nuestro país debe hacer todo lo posible para participar en la construcción de un mejor futuro para el planeta.  

Si verdaderamente esa es nuestra aspiración, deberíamos evitar que el antagonismo ideológico dentro del sector dificulte la operación diaria de los mercados energéticos. Para ello, sería deseable que la política energética de México se definiera a partir de criterios pragmáticos. En segunda instancia, sería deseable emplear parámetros profesionales e innovadores en el manejo de las empresas públicas de energía. Tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueden competir con las empresas públicas si generan las condiciones internas suficientes para ello.

Desafortunadamente, frente a la realidad política y social de nuestro país, esto se antoja poco probable. El gobierno está empeñado en su tarea de establecer la razón de Estado, renunciado con ello a la posibilidad de construir una evolución gradual y tersa. Por el otro lado, cada vez son más los defensores de la competencia que consideran que el modelo no debe reformarse, estirando con ello la liga de la confrontación.

Sobre esta base, no es absurdo pensar que, en caso de que el péndulo político se mueva en los próximos años, el país tendrá que empezar de nuevo. Habremos perdido, para entonces, años valiosos. 

Por Arturo Carranza Guereca 

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