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Arturo Carranza Guereca

La iniciativa preferente

La presentación del proyecto para reformar la LIE sin un diálogo con el sector privado está dejando pasar la oportunidad de enriquecer la propuesta

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Arturo Carranza, Columna 2021

La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió a la Cámara de Diputados una iniciativa que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. La propuesta, en cuyo contenido se puede leer con claridad la visión que el actual gobierno tiene de la industria eléctrica, tiene carácter de preferente. No está de más decir que, de cara al próximo proceso electoral, para el Ejecutivo es importante que esta iniciativa se discuta y apruebe a la brevedad.

Ante los comentarios del partido del presidente en el Congreso, es prácticamente un hecho que esto sucederá antes de que termine el mes de abril. En este contexto, resulta útil analizar con serenidad los planteamientos de la propuesta. En la medida en que se examinen los argumentos presentados, se podrá sopesar la fortaleza y la viabilidad de las ideas que sustentan la visión del gobierno en materia energética. Este cálculo debe tener como referencia el futuro que se desea para el país. 

La iniciativa preferente busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para ello, recurre al carácter estratégico de esta empresa pública como condición para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.  En este sentido, una de las principales propuestas que contiene el proyecto – más no la única – es la modificación del mecanismo de despacho de las centrales eléctricas. Esto se refiere, en otras palabras, al cambio en los criterios que se emplean para subir a la red eléctrica la energía que generan las centrales eléctricas instaladas en México.

En el mercado eléctrico del país, la oferta de electricidad está dada por los costos variables, es decir, aquellas centrales eléctricas que cuentan con la tecnología con el costo variable más bajo son las primeras en subir a la red eléctrica la energía que generan, y así sucesivamente. Como el costo variable de la energía eólica y solar es cero, la electricidad de estas centrales renovables es la primera que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) despacha. Si la demanda eléctrica no se alcanza a cubrir con la energía de estas centrales renovables, el CENACE despacha la electricidad de las centrales eléctricas que tienen costos variables más altos, como los ciclos combinados y las termoeléctricas. Cabe mencionar que el precio que reciben las centrales eléctricas es el costo variable de la última central que sube la energía a la red eléctrica en una zona determinada de carga (no es que el precio variable de una central térmica en Hidalgo se lo paguen a una central eólica en Tamaulipas).

Con los cambios propuestos, el orden del despacho se modifica. Primero se subiría a la red eléctrica la energía generada por las hidroeléctrica (lo que representa un gran reto operativo), después la de las centrales de la CFE, posteriormente la energía eólica y solar de particulares, y, al final, la de los ciclos combinados de los particulares. El gobierno argumenta que este cambio en los criterios de despacho le permitiría satisfacer la demanda eléctrica bajo condiciones de calidad y continuidad en la operación del sistema eléctrico nacional.

Es pertinente insistir que está iniciativa preferente plantea, además, otras importantes modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica. Desagregar el análisis y orientarlo a un solo tema, como es el caso, puede significar dejar de lado valiosos argumentos que ayudan a entender mejor el contenido de la propuesta. En todo caso, no está de más considerar que este proyecto también propone que las plantas de la CFE puedan acceder a los Certificados de Energía Limpia y que se elimine la obligación que tiene la empresa pública de comprar electricidad por medio de una subasta eléctrica.

Como puede observarse, la iniciativa preferente está planteando un cambio profundo en las reglas del juego de la industria eléctrica. Este cambio no solo afectará el modelo de negocio y la rentabilidad de los proyectos privados que se instalaron en México con las reglas todavía vigentes, sino que también frenará la transición energética en nuestro país. El Dr. César Hernández, por cierto, escribió recientemente un espléndido artículo sobre este último tema (Contra la transición, Reforma).

Hay que reconocer que la intención de modificar el actual modelo energético de México es entendible. A nivel mundial, el sector energético cambia constantemente. En función de estos cambios, y ante la magnitud de los retos que afronta el sector, se vuelve necesario afinar las reglas que marcan las pautas de participación de los actores involucrados. Lo que resulta poco comprensible, en todo caso, son las formas que se utilizan para materializar los cambios en el modelo energético.

La presentación de la iniciativa preferente, sin un diálogo de por medio con el sector privado, está dejando pasar la oportunidad de enriquecer la propuesta. Pero quizá lo más importante es que, con esta exclusión, el gobierno estará incrementando las inquietudes y el tono de los reclamos. Por eso hay poner al país y su futuro por delante, e insistir en el diálogo y la interlocución.

Al respecto, resulta pertinente recordar que, como solía decir don Jesús Reyes Heroles, en política lo importante es convencer y persuadir, no improvisar.

Por Arturo Carranza Guereca 

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