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Arturo Carranza Guereca

Reforma eléctrica: la suerte está echada

Buena noticia: contamos con una oposición política que le puede hacer contrapeso al Ejecutivo

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El energético es tema fundamental en la agenda del actual gobierno. Desde que tomó posesión como presidente, Andrés Manuel López Obrador lo ha utilizado para delinear el perfil de su administración y para diferenciarse de sus antecesores. El uso que le ha dado explica la situación en la que el sector energético de México se encuentra actualmente. 

Hoy impera una clara incertidumbre entre la mayoría de los actores del sector. Las empresas privadas viven en una especie de limbo, donde las reglas de participación que dieron forma al modelo energético de 2013 no terminan de suprimirse y donde las nuevas reglas que este gobierno busca imponer no terminan de establecerse. 

Este periodo de cambio ha generado una crispación que trasciende el aspecto meramente técnico. En el proceso de implementación de las nuevas reglas de participación, las empresas se han sentido maltratadas por las formas empleadas por las autoridades energéticas. Lo que a finales de 2018 se planteó como una política energética para “meter orden en el sector”, pronto se convirtió en la causa del distanciamiento entre el gobierno y el sector privado. 

La política energética instrumentada ha incluido, entre otras medidas, la suspensión de las subastas eléctricas, la tentativa para modificar la forma en que se asignan los Certificados de Energía Limpia y la infructuosa pretensión de aumentar las tarifas de transmisión para los generadores de energía renovable. Esfuerzos, estos, que de alguna u otra forma han alejado al país del futuro ambiental y tecnológico en el que ya está inmersa una gran mayoría de naciones.

Estas medidas han venido acompañadas por una retórica poca amistosa del presidente. Lo que desde las conferencias mañaneras en palacio nacional se dice ha servido para estirar aún más la liga de la confrontación, dinamitando puentes de entendimiento y dejando claro que hoy la construcción de un proyecto energético compartido es tarea imposible.  

El golpe de gracia que terminó por descarrilar la relación entre el gobierno y las empresas privadas de energía fue la iniciativa constitucional en materia eléctrica que el Ejecutivo presentó a finales de septiembre de 2021. Si bien el planteamiento aborda una multiplicidad de aspectos, algunos de ellos muy complejos, en términos generales fue recibido con gran preocupación por actores sociales, empresariales y políticos, quienes observaron en la propuesta un riesgo tanto para el medioambiente como para el clima de negocios y las finanzas públicas de México. 

No sólo por los adjetivos que contenía la exposición de motivos de la iniciativa constitucional, sino por los excesos de los planteamientos de la propuesta, estos actores encontraron el camino para aglutinar sus inconformidades y plantarle cara al presidente. Desde que se presentó la iniciativa, hasta el día en que se subió al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y votación, los opositores supieron leer la importancia del momento y mantuvieron una postura unida.

La suerte de la iniciativa se resolvió en la sesión del Consejo Político Nacional del PRI celebrada el 10 de abril pasado. En dicha reunión, la máxima instancia de ese partido político manifestó públicamente su rechazo al planteamiento presidencial en los términos en que fue presentado por el Ejecutivo. La postura priísta evidenció la negativa del presidente de México y de Morena a negociar algunos de los puntos medulares de la propuesta.

El resultado de la votación en la Cámara de Diputados arroja al menos dos perdedores. El primero de ellos es López Obrador, quien hizo de su propuesta legislativa un tema de la mayor importancia para el gobierno que encabeza. Esto sin mencionar que es la primera vez que una iniciativa constitucional enviada por un presidente no es aprobada por el Congreso.

El segundo es el sector energético, que en los últimos años ha estado sujeto a un torbellino de medidas mal implementadas. La errática conducción del sector no solo ha impactado en la incertidumbre por falta de reglas claras de participación, también ha imposibilitado una discusión seria en torno a asuntos que necesitan modificarse, como la modalidad de generación eléctrica bajo el esquema de autoabastecimiento.

Por lo demás, es una buena noticia para el país saber que contamos con una oposición política que le puede hacer contrapeso al Ejecutivo. Eso es algo que, en una democracia, debemos valorar todos los ciudadanos. 

Por Arturo Carranza Guereca 

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