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Arturo Carranza Guereca

Reguladores energéticos

Los cambios que busca AMLO a las instituciones suman incertidumbre y desconfianza en momentos en los que el país vive tiempos convulsos

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Arturo Carranza, Columna 2021

La llegada del gobierno actual trajo la pretensión de cambiar las reglas del juego. Sobre la base de un discurso que – en las palabras – se opone a la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus subordinados han manifestado un intenso deseo por cambiar las instituciones. Estos esfuerzos suman incertidumbre y desconfianza en momentos en los que el país vive tiempos convulsos.

Durante los últimos días se ha discutido sobre la posibilidad de que el Ejecutivo presente ante el Congreso una propuesta para modificar la posición que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tienen en el sector energético. Hasta al momento, la discusión tiene como fundamento declaraciones políticas y rumores, lo que nubla el análisis del impacto y los alcances de esta posibilidad.

Aun así, queda claro que atrás de la falta de información subyace una confrontación entre dos modelos energéticos: uno que prioriza la competencia y otro que busca el fortalecimiento de las empresas públicas de energía.

Antes de la reforma de 2013, la regulación del sector recaía en la Secretaría de Energía (SENER). Esta tarea se realizaba a través de la CNH y de la CRE, órganos administrativos desconcentrados legalmente subordinados a la SENER. La falta de una clara separación entre la entidad responsable del diseño de la política energética y los reguladores, constituía un obstáculo para la adecuada y eficiente regulación. La CNH y la CRE operaban en un entorno en la que las inversiones y los proyectos en las industrias de los hidrocarburos y eléctrica venían, primordialmente, de las empresas públicas de energía. En consecuencia, las tareas de regulación respondían a las actividades que desarrollan Pemex y la CFE.

Con la llegada de nuevos participantes, producto del modelo energético basado en la competencia, la condición jurídica de los reguladores cambió para que pudieran asumir nuevas responsabilidades. Se reformó el artículo 28 de la Constitución para introducir a la CNH y a la CRE como órganos reguladores coordinados en materia energética. Este cambio constitucional otorgó a los reguladores personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, así como autosuficiencia presupuestaria.

Para procurar un funcionamiento eficiente y consistente del sector, también se reconoció la necesidad de que existiera una adecuada coordinación entre la SENER, como responsable de establecer, conducir y coordinar la política energética del país, y los órganos reguladores. Por ello se creó el Consejo de Coordinación del Sector Energético. Este Consejo – integrado por la titular de la SENER, los comisionados presidentes de la CNH y CRE, los subsecretarios de la SENER y por los Director Generales de los Centros Nacionales de Control del Gas Natural y de Energía – es la vía legal mediante la cual los órganos reguladores deben relacionarse con la SENER para que sus acciones de regulación se realicen de conformidad con las políticas públicas que defina el Ejecutivo.

Como es del conocimiento público, el gobierno actual no ha encontrado en el Consejo de Coordinación del Sector Energético un espacio útil para relacionarse con los órganos reguladores. En los últimos dos años, la SENER ha construido un relacionamiento distinto con los órganos reguladores para procurar el funcionamiento del sector. En los hechos, este cambio ha significado el debilitamiento del modelo energético construido en 2013. La competencia ha pasado a segundo plano.

Es difícil saber si en las próximas semanas el Ejecutivo decidirá formalizar este y otros cambios mediante una propuesta para reformar las leyes que rigen al sector energético. Lo cierto es que la intención de fortalecer a las empresas públicas de energía ha significado, en la práctica, un regreso al esquema anterior, donde la SENER era la encargada de llevar a cabo la totalidad de la regulación del sector con el apoyo de dos órganos reguladores instruidos para supervisar y regular actividades específicas.

Ante esta situación, la posibilidad de seguir fomentando la competencia en el sector energético parece más difícil. No es absurdo pensar, en este contexto, que la reconciliación entre el pasado y el presente, tan necesaria para proyectar un mejor futuro para el país, parece hoy más lejana.

Arturo Carranza Guereca 

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