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Carlos González

Cuidado con el Control de Precios

Es fundamental que el Estado evite interferir en la determinación de precios para mantener el libre mercado

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Adiós al Dinero Barato

En estos tiempos donde hemos visto un avance de los gobiernos populistas y nacionalistas a nivel mundial, resulta muy tentador y políticamente atractivo para ellos incrementar la presencia del Estado en diferentes rubros, con el argumento de mejorar las condiciones de las clases más vulnerables. Ciertamente es fundamental la participación del Gobierno para orientar, dirigir y estimular ciertos sectores en favor del crecimiento económico y las clases más necesitadas, sin duda, la participación del Estado es necesaria para regular ciertas actividades o sectores en orden de ofrecer un marco jurídico que busque ofrecer igualdad, transparencia y fomente la competitividad. Dichas acciones van desde la implementación de impuestos especiales, créditos fiscales, subsidios, apoyos, tarifas, hasta la imposición de precios máximos o mínimos. No obstante, la línea es muy delgada, en ocasiones, dichos programas están más bien relacionadas a la búsqueda de la incorporación de grupos u organizaciones sociales a las bases electorales y no necesariamente al beneficio del país.

Una intervención mayor a la necesaria por parte del gobierno, mediante una sobrerregulación, centralización de mercados, subsidios en exceso, determinación de precios o el incremento de empresas estatales en la actividad económica, distorsionan la formación de precios, la eficiencia y productividad de una nación, con consecuencias muy negativas de largo plazo, principalmente en la inversión, en la generación de empleos y en el crecimiento económico, y paradójicamente, termina por afectar más a las clases más necesitadas.

Existen múltiples ejemplos a nivel mundial (Argentina, Venezuela, países europeos), que muestran que cuando la intervención del Estado, en búsqueda de “mejorar” ciertas distorsiones de mercado, influye en la formación de precios de un bien o un servicio de un determinado sector, pueden terminar por afectar en definitiva a dicho sector, haciéndolo completamente ineficiente, inoperante y poco competitivo. En pocas palabras “se acaba con dicho sector”. Mientras que la determinación de los precios por la oferta y demanda (precio de equilibrio), genera competencia, competitividad y eficiencia, el control de precios produce escasez, genera inflación, fomenta el mercado negro y desincentiva la inversión.

Por ejemplo, limitar el incremento en precios (imponer precios máximos en gasolinas, salarios, productos agrícolas, etc.), desincentivan la producción o el otorgamiento de ciertos servicios, provocando desabasto, y a su vez, produce mercados negros y mayor corrupción. Al mismo tiempo, como no hay incentivos para obtener precios más altos, la calidad y la competitividad disminuyen.

Por otro lado, la implementación de precios mínimos o “precios de garantía” (frecuentemente utilizados en la agricultura), mantiene las ineficiencias, desincentivan por completo la productividad y con ello la inversión (motor de la generación de empleos y del crecimiento futuro) y a la larga se vuelven sectores completamente incompetentes. Al mismo tiempo afectan al consumidor final al tener que comprar productos a precios artificialmente más altos, y afectan las finanzas públicas al tener que implementar mayores impuestos o mayor endeudamiento para mantener los subsidios que estos programas requieren, y eventualmente se traduce en mayor inflación. Los resultados pueden ser positivos de corto plazo, pero son insostenibles en el tiempo. ¡Cuidado con los subsidios!

De esta manera, el control de precios en la economía genera más distorsiones que aquellas que pretende combatir, en detrimento del consumidor final, del sector, de la sociedad y del crecimiento económico de una nación. Los sectores con mayor capital político con capacidad de influir en la política pública son los más beneficiados, no son los más necesitados.

Recientemente, en nuestro país, la actual administración ha mandado señales que podrían ir en contrasentido del libre mercado, queriendo intervenir de manera directa o indirecta en los salarios para empresas gubernamentales, en el sector energético, en los precios de las gasolinas, en medicinas, en el sector financiero, en telecomunicaciones, en el sector agrícola, etc., y al mismo tiempo diluyendo la participación de organismos autónomos que fomentan la regulación. Aunque resulta muy tentador para ganar adeptos, la experiencia de México y del mundo nos dice que esto sólo conduce a crisis financieras y económicas, que tardan en ser superadas y que nos rezagan del desarrollo internacional, además estas políticas carecen de todo sentido en los tiempos actuales de globalización económica.

Es fundamental que el Estado evite, en la medida de lo posible, interferir en la determinación de precios, y establecer las reglas claras y el marco jurídico apropiado para mantener el libre mercado.

Carlos Alberto González Tabares / Director de Análisis de Monex Casa de Bolsa

[email protected]/ @carlosgtabares; @monexanalisis

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