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Arturo Carranza Guereca

El futuro de la relación energética México – Estados Unidos

El hecho de que el diálogo entre ambos deje relegado este tema, suma a la falta de claridad en la materia

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Han pasado seis meses desde que Joe Biden tomó posesión como presidente de Estados Unidos. Durante este tiempo, las relaciones entre su país y México han estado marcadas por un intenso diálogo. A diferencia de lo que ocurrió durante la administración Trump, la institucionalidad y el profesionalismo del nuevo gobierno estadounidense han permitido que ambos países compartan una agenda de trabajo con un horizonte de largo plazo. 

No extraña que la cooperación económica y la seguridad sean los temas prioritarios de la relación. Tanto en Estados Unidos como en nuestro país, estas son cuestiones que internamente ocupan los mayores espacios en la discusión pública. De ahí la necesidad de que ambos gobiernos estén dispuestos a trabajar de manera coordinada para abordarlos. 

Existen otros temas que, con independencia de su trascendencia, no ocupan los espacios en el diálogo bilateral que la cooperación económica o la seguridad tienen. El tema comercial, por ejemplo, si bien es importante y está inmerso en las discusiones de primer nivel, se gestiona más desde una lógica inercial que a partir de un esfuerzo fundamentado. 

Hay otros temas de importancia mayúscula que permanecen fuera de la agenda bilateral, al menos del diálogo institucional de primer nivel. Estos asuntos, que internamente marcan la pauta en el proceso de toma de decisiones de cada uno de los países, han quedado excluidos de la relación bilateral debido a las marcadas diferencias que existen en la manera en que se conciben y se procesan. 

El tema energético es el mejor ejemplo. Aun cuando en términos comerciales y de inversión tiene un peso evidente (en 2019 Estados Unidos importó $13 mil millones de dólares en bienes energéticos desde México y exportó a nuestro país $34 mil millones de dólares), durante los últimos seis meses el asunto no ha estado presente en las conversaciones formales entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Desde luego que esto no implica que el tema no se haya tratado en otros niveles o en espacios multilaterales, como la Cumbre de líderes sobre el clima que organizó la Casa Blanca en abril pasado. Lo que significa es que ambos gobiernos han decidido relegarlo a un segundo plano.

Esto se explica por la posibilidad de que las diferencias en la materia contaminen la relación y se conviertan en una camisa de fuerza que impida avanzar en otros frentes, como el de seguridad. Tomando en cuenta que el presidente de Estados Unidos está decidido a enfrentar la crisis climática con el impulso a las energías verdes y que el presidente de México es un ferviente creyente de la producción de energéticos a partir de los combustibles fósiles, ambos gobiernos han resuelto procesar los diferentes enfoques en materia energética a través de los canales formales que ya se han construido para ello. 

En este contexto, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) juega un papel determinante. Conocerlo, al menos en términos generales, resulta indispensable para tener un criterio más o menos razonado sobre lo que viene en materia energética para ambos países. 

Se puede decir, en este sentido, que las disposiciones más importantes del T-MEC en materia energética son aquellas que actualizan el alcance de los compromisos comerciales de México en concordancia con la reforma energética de 2013. Estas disposiciones aparecen en varios capítulos del T-MEC, a diferencia de lo que ocurría con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que concentraba en un solo capitulo la reglamentación en materia de energía.

El Capítulo 2 del T-MEC incluye actualizaciones que permiten que México establezca permisos para la exportación e importación de petróleo crudo, gas natural y ciertos derivados, según se especifica en el artículo 48 de la Ley de Hidrocarburos. En el texto original del TLCAN, México se había reservado el control estatal de las actividades relacionadas con el comercio exterior de estos productos y había establecido el derecho a no otorgar permisos de exportación o importación para una lista más amplia de productos energéticos. 

Asimismo, el Capítulo 8 del T-MEC está dedicado a los hidrocarburos. Vale la pena precisar, al respecto, que este capítulo solo contiene disposiciones relacionadas con la propiedad de los hidrocarburos en México y con el derecho soberano de nuestro país para reformar su Constitución.

Las disposiciones de inversión en el Capítulo 14 y en el Anexo 14-E del T-MEC, por otro lado, permiten a los inversionistas extranjeros que participan en la industria de hidrocarburos en México sujetarse al sistema de solución de controversias creado con el TLCAN. De manera detallada, el Anexo 14-E del T-MEC establece que los inversionistas estadounidenses y canadienses que tengan un contrato con el gobierno mexicano en los sectores de hidrocarburos, generación de energía, telecomunicaciones o servicios de transporte pueden presentar reclamaciones directas por expropiaciones y diferencias de trato, entre otras. 

Esto último es importante porque fuera de estos cinco sectores, el Capítulo 14 del T-MEC establece nuevas disposiciones sobre solución de controversias entre inversionistas y Estados. Aunque los mecanismos de solución de controversias continúan presentes, las nuevas disposiciones señalan que los inversionistas que no participan en los cincos sectores mencionados deben agotar los recursos internos o intentar durante 30 meses agotarlos antes de presentar reclamaciones directas. 

Queda claro que las disposiciones en materia energética contenidas en el T-MEC incluyen reglas y mecanismos adecuados para el buen desenvolvimiento de los mercados energéticos en ambos países. El problema es que estas disposiciones fueron construidas o actualizadas para estar en sintonía con un modelo energético que surgió a partir de la reforma energética de 2013. En un contexto en el que el nuevo modelo está en acecho constante, las reglas y los mecanismos del T-MEC dejan de ser garantes del buen desarrollo de los mercados energéticos, al menos de los que operan en México.

El hecho de que el diálogo entre los gobiernos de México y Estados Unidos deje relegado el tema energético, suma a la falta de claridad en la materia. Parece, entonces, que el sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estados tendrá un peso determinante de cara al futuro, lo cual no es extraño ni necesariamente malo. Durante el tiempo en que el TLCAN tuvo vigencia, se presentaron 18 disputas comerciales entre México y Estados Unidos vinculadas al comercio de productos energéticos (UNCTAD Investment Policy Hub, Investment Dispute Settlement Navigator https://investmentpolicyhubold.unctad.org/ISDS). 

Al final de cuentas, el reto es que las diferencias en materia energética entre ambos países no contaminen la relación bilateral en su conjunto. 

Por Arturo Carranza Guereca 

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