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Columna

La Ley de Hidrocarburos ¿qué es?

La ley actual contempla una apertura equilibrada y determina las funciones de cada secretaría, comisión reguladora y agencia, para la coordinación debida

Publicado

el

Ramses Pech

La Ley de Hidrocarburos es una propuesta que nace con el fundamento de eliminar la práctica del robo de combustible.

La Ley actual contempla una apertura equilibrada y determina las funciones de cada secretaria, comisión reguladora y agencias, para la coordinación debida.

En tanto, la propuesta de ley se concentra en el “Título Tercero de las demás actividades de la Industria de Hidrocarburos, Capítulo I: De los Permisos”, el cual indica a quién y cómo debe darse un permiso para realizar la comercialización de materias primas, transformación y almacenamiento, entre otras actividades. Ello, bajo la premisa: el riesgo de la inversión será de cada interesado en realizar un proyecto dentro del mercado.

Debemos dejar en claro, y enfáticamente escrito que:

Un proyecto en el sector energético no nace de una idea de 30 segundos. Su aprobación depende, primero, de un análisis de mercado sobre el presente y hacia el futuro, el cual determinará la viabilidad de la recuperación de la inversión, y todo esto ligado al tipo de consumidor o usuario final.

Teniendo esta información, en el caso de ser viable, se van insertando los riesgos. Estos empiezan desde los tipos de permisos requeridos y su dificultad para obtenerlos. Entre ellos destacan el estudio de impacto ambiental, social y vestigios arqueológicos, y todos estos dependerán de la ubicación del terreno seleccionado, mismo que deberá tener los papeles en regla en torno al uso de suelo y el pago de los derechos en cada municipio. Todo esto conlleva una inversión inicial.

Obtenido lo anterior, se deberá revisar la estabilidad política, financiera y crecimiento económico del país, región y zona en donde se pretende realizar el proyecto. Es en este momento donde los inversionistas deciden continuar, migrar o dejar en espera -en el frio vacío del infinito- el dinero. Esto si es que el contexto no les sienta cómodo-.

¿Entonces, en qué afecta la propuesta de Ley?

Iniciando con el artículo 51. A este introducen la capacidad de almacenamiento como una determinación de la Secretaria de Energía, en el entendido de que existe un diagnóstico del mercado mexicano por parte de esta instancia.

Pero la realidad actual indica que empresas privadas están visualizando la necesidad, no de incrementar la capacidad de almacenamiento, sino de reducir los costos de la logística, sobre todo en el mercado de petrolíferos. Esto, debido a que en México -ante la carencia de ductos que lleguen a zonas alejadas del país- se incrementan los costos de logística.

Al ser cerrada, la infraestructura de PEMEX sólo contribuye al mantenimiento de su mercado. Bajo este entendido, cada privado que quiera realizar una inversión está bajo su propio riesgo. ¿En qué afecta? En la implementación de centros de almacenamiento en zonas donde no hay.

Evaluemos: una empresa tarda de 6 a 12 meses en entrar a un proyecto de almacenamiento. Su comité indica que continúen con el proceso de los permisos, y después de todo -de estudios realizados, de adecuaciones y de requerimientos-, después de 90 días les indican que no tienen el permiso, y, además, no mandan un oficio, documento o listado para informar los causales. ¿Creen que alguien quisiera invertir en un país o región con estos procesos?

Supongamos, el permiso para un proyecto fue concedido. Inicia la construcción, instalación, pruebas y puesta en marcha del mismo, lo que puede durar entre 40 a 60 meses (incluida la planeación), dependiendo del mercado en el que se pretende participar.

Resulta que, a los 24 meses de operar, llegan a la planta y les comunican que les aplicarán el articulo 57 modificado, en el cual se indica que pueden realizar la ocupación temporal, la intervención o la suspensión, a fin de garantizar los intereses de la Nación. Es decir, toman tu proyecto, deciden cancelar el permiso, y por ende deberás traspasar tus activos a la Nación, y estos pasaran a ser manejados por tu competidor dentro de la industria que es PEMEX, y que está bajo la ley mercantil. ¿Crees que te sacaron del mercado?

Aquí surgen varias preguntas: ¿Quién realizó el peritaje o recomendación de que era un riesgo para la Nación? ¿Bajo qué protocolos tomarán las instalaciones? ¿El personal de PEMEX, está capacitado y actualizado para operar? ¿Quién asumirá los costos en caso de un accidente? ¿Quién asumirá los costos operativos? En el caso entrar en un juicio ¿continuará operando la planta? ¿Pagara al tercero las utilidades programadas en el plan del proyecto? ¿El costo operativo será el mismo de PEMEX? ¿Qué garantías tendrá el afectado de utilizar al personal que venía utilizando en la operación de la planta? Y reza, además, que pudiera contratar a un nuevo operador o una combinación de las anteriores. La pregunta: ¿Sería por medio de licitaciones? ¿Tiempo máximo? ¿Quién cubriría los costos fijos?

Son muchas preguntas de las que no están claras las respuestas, pero una sí podemos responder:

El que invirtió ya no cumplirá con el plan de negocio programado de su proyecto, y este presentará problemas con sus financieros, proveedores y toda la cadena que lo involucra. Si es alguno que cotiza en la bolsa de valores, o es una empresa dentro del T-MEC ¿Cómo quedamos? Simplemente, en el futuro inmediato, cualquier proyecto que pretenda ser realizado por la inversión privada tendrá términos y condiciones rigurosas por parte de los financieros, ligados a un costo alto del dinero.

Entonces, empezamos desde el robo de combustible hasta tomar instalaciones, y sin determinar el por qué.

Si queremos realizar una modificación, propondría lo siguiente:

Elaborar un protocolo con mecanismos de suspensión, el cual deberá ser avalado por la ASEA para determinar el grado de omisión, mal uso u operación, bajo los principios que rigen esta agencia. Antes de este paso, deberá ser transformada en un órgano independiente de SEMARNAT y SENER, para evitar conflictos de intereses. Además, la Secretaría de Energía, en conjunto con el SAT, tendrían que presentar una propuesta del uso de trazadores en los hidrocarburos, para poder llevar un mejor monitoreo a los combustibles dentro del mercado mexicano.

Por Ramses Pech – Grupo Caraiva – León & Pech architect

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Marco Mares
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