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Arturo Carranza Guereca

Los vaivenes de Pemex

Las autoridades energéticas y Pemex deberían estar analizando retomar las rondas petroleras y las asociaciones estratégicas para superar los desafíos

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No es extraño que Petróleos Mexicanos (Pemex) esté en el centro de la atención pública. Por la dimensión y el impacto de sus inversiones, así como por la contribución que hace a las finanzas públicas a través del pago de impuestos y derechos, históricamente la empresa ha jugado un papel relevante en el devenir nacional. A veces este ha sido motivo de orgullo otras de polémica, pero innegablemente es razón discusiones apasionadas.   

Probablemente el papel de Pemex se ha amplificado en los últimos por la importancia que la compañía tiene en la política energética que instrumenta el actual gobierno. Frente a la importancia que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador le ha concedido en la construcción de su proyecto político y de cara a las severas críticas de las que es objeto, resulta útil analizar la situación de la petrolera nacional. Cualquier tentativa en este sentido ayuda a anticipar consecuencias para la industria petrolera e, inclusive, para el país mismo.   

Actualmente Pemex enfrenta dos desafíos que condicionan, en buena medida, las actividades que realiza. La primera de ellas es su deuda y el pago de intereses asociado con esta. En los primeros tres meses de 2021, Pemex registró una deuda financiera de 2 billones 306 mil millones de pesos. Este monto, además de escandaloso, tiene atada a la empresa a un elevado pago de intereses que la hacen enfrentar restricciones de liquidez. Esto repercute en su capacidad para obtener financiamiento en términos favorables, afectando su posición financiera, su operación y su capacidad para pagar la deuda.

El segundo desafío de Pemex está asociado con su régimen fiscal. La compañía tiene una onerosa carga fiscal, lo que representa un obstáculo para financiar los gastos de capital y otros gastos. Tan solo en 2020, el pago de impuestos y derechos que realizó Pemex ascendió a 185 mil millones de pesos, equivalente al 19.5% de sus ingresos por ventas. En consecuencia, su deuda ha aumentado significativamente y su capital de trabajo se ha deteriorado. 

A estos dos desafíos hay que incorporar eventos externos que complican aún más la operación de Pemex, como la caída de los precios y la destrucción de la demanda petrolera en 2020. Estas condiciones, a la que se suman la reducción de la producción de petróleo y el aumento de la competencia del sector privado, han tenido repercusiones negativas en la capacidad de la compañía para generar flujos de efectivo positivos, lo que ha tensado aún más la capacidad de Pemex para financiar su gasto de capital. 

Para enfrentar esta problemática, en los últimos 32 meses Pemex ha instrumentado medidas para mejorar su eficiencia operativa y para reducir los gastos de operación. En este sentido, la petrolera ha logrado reducir su costo de producción en 20% durante los últimos dos años y ha logrado que sus gastos de producción sean 7% menores con respecto al promedio de la industria. Estas mejoras están vinculadas principalmente a simplificaciones regulatorias.

Ante el tamaño de la adversidad que enfrenta, las medidas instrumentadas han resultado insuficientes para que Pemex resuelva sus desafíos financieros. Es por ello por lo que la compañía ha tenido que recurrir a una variedad de fuentes de financiamientos. Sobre el particular, Pemex ha optado por una combinación de flujo de efectivo proveniente de sus propias operaciones, de líneas de crédito disponibles, de un endeudamiento adicional y, particularmente, del apoyo del gobierno. 

Este último, severamente cuestionado por agencias calificadoras e instituciones bancarias, ha resultado más evidente y vigoroso en los últimos años. Al respecto destaca que, de 2018 a la fecha, el gasto de capital de la empresa se ha incrementado sustancialmente. Con base en información de Pemex, en 2021 este rubro aumentó 58% con respecto al 2020 y 75% con relación al 2019 (Petróleos Mexicanos FORM 20-F, 2021). 

El apoyo del gobierno también se ha visto expresado a través de la reducción de la carga fiscal y en el manejo de la deuda de Pemex. Al respecto, el 21 de abril de 2020 el gobierno le otorgó a Pemex una reducción en su carga fiscal, al pasar la tasa impositiva del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) de 65 a 58%. La medida le permitió a la compañía disponer de 65 mil millones de pesos adicionales en 2020.  Posteriormente, el 19 de febrero de 2021 el gobierno publicó un decreto de estímulo fiscal acreditable contra el DUC hasta por hasta 73 mil millones de pesos. Este apoyo fue paralelo a una nueva reducción de la tasa impositiva del DUC que pasó del 58% al 54%. Esta reducción del DUC le permitió a Pemex liberar 18 mil 300 millones de pesos. Por último, el 24 de febrero de 2021 la Secretaría de Hacienda le proporcionó a Pemex una inyección de capital por mil 600 millones de dólares para cubrir amortizaciones de deuda correspondientes al mes de abril. Más adelante la misma Secretaría Hacienda le habría proporcionado otros 3 mil 400 millones de dólares adicionales para cubrir las amortizaciones de mayo y agosto de este año.

El apoyo del gobierno busca que Pemex garantice su financiamiento. Si esto no se logra, Pemex podría ver obstruida su capacidad para invertir en proyectos y cumplir con sus obligaciones de pago de capital e intereses con sus acreedores. No está de más recordar, al respecto, que Pemex debe realizar importantes gastos de capital para mantener sus niveles de producción y para mantener e incrementar las reservas probadas de hidrocarburos que el gobierno le asignó. 

En este contexto, Pemex ha dicho que continuará buscando oportunidades para atraer capital a medida que desarrolla nuevos proyectos con el fin de superar algunos de los desafíos operativos y de infraestructura a los que se enfrenta. La compañía no ha descartado, al menos no públicamente, implementar estrategias comerciales con participación de terceros, incluidos privados. Estas estrategias se darían a partir de ciertos límites, los cuales están vinculados con la necesidad de que no incrementen la deuda pública y que no pongan en riesgo la propiedad de los activos de la petrolera. Estos límites, por cierto, han sido establecidos específicamente por el propio presidente de México. 

A la luz de este planteamiento, resulta evidente que existe una brecha de expectativas entre lo que buscan el gobierno y Pemex, y lo que podría hacer el sector privado para ayudar a la compañía. A todas luces queda claro que las autoridades energéticas y la petrolera nacional deberían estar analizando retomar las rondas petroleras y las asociaciones estratégicas para superar los desafíos que enfrenta hoy Pemex. No hacerlo significa impedir que la compañía resuelva su compleja situación financiera y operativa. 

Por Arturo Carranza Guereca 

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Marco Mares
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