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Arturo Carranza Guereca

Reforma eléctrica: los mensajes

Los actores políticos mueven sus piezas, unos en búsqueda de su aprobación, otros con el anhelo de detenerla

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Transcurrido más de un mes desde que se presentó la iniciativa de reforma al sector eléctrico, los actores políticos mueven sus piezas. Unos en búsqueda de su aprobación, otros con el anhelo de detenerla. Aunque a estas alturas de la partida no queda claro cuál de los bandos – si el gobierno y su colación legislativa, por un lado, o la alianza opositora por el otro – tiene más posibilidades de alcanzar su cometido, lo cierto es que desde ambos lados del tablero se afilan navajas y envían mensajes que demuestran que lo que está en juego es mucho más que un cambio de reglas en el sector.

La semana pasada diputados de Morena perfilaron iniciar el debate de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones, con la perspectiva de terminar todos los procesos legislativos en abril de 2022. Los líderes parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) explicaron, en este contexto, que actualmente la prioridad en la agenda legislativa es sacar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

A este respecto, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Baja, Ignacio Mier, dijo que su bancada junto con las del PT y PVEM, las cuales aglutinan en total a 277 legisladores, se comprometieron a concluir el proceso de la reforma eléctrica constitucional a más tardar el 15 de abril del próximo año. Este compromiso, de acuerdo con el diputado Mier, significa que la iniciativa para reformar la Constitución se procese completamente tanto en el Senado como en los congresos locales de las 32 entidades federativas durante la primera mitad del próximo año.

Frente a lo anunciado por Morena y sus aliados, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, manifestó su desacuerdo con respecto a que la discusión de la reforma eléctrica que plantea el Ejecutivo se lleve al segundo periodo ordinario de sesiones, el cual por ley no puede prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año. El legislador priísta alertó que la discusión de la reforma eléctrica en el primer semestre de 2022 podría contaminarse por eventos políticos particulares, como la revocación de mandato o las elecciones estatales. 

Dentro del sinnúmero de posturas y mensajes que cruzan los actores políticos, sobresale lo expresado por el líder de la mayoría parlamentaria en el Senado, Ricardo Monreal. Si bien el senador permanece distante de los afectos presidenciales, es reconocido como el operador más eficiente que López Obrador tiene en el Congreso. Por lo mismo, debe tomarse en consideración el guiño que Monreal les hizo a los opositores cuando la semana pasada habló de que la iniciativa podría mejorarse con la participación de inversionistas y empresarios.

A propósito de la posibilidad de que el planteamiento de reforma al sector eléctrico se enriquezca, hoy no se observa que el ala dura de la Cuarta Transformación esté muy dispuesta a realizar concesiones a los opositores. Aun cuando el gobierno y su coalición legislativa necesitan del apoyo de algunos legisladores de oposición para lograr que la iniciativa constitucional se apruebe, parece que le apuestan más a que la popularidad de López Obrador y la agenda política del 2022 orille a ciertos legisladores, principalmente del PRI, a alinearse a los designios del presidente.

Desde este panorama, para el gobierno y sus huestes resultará fundamental que la iniciativa tenga el respaldo social. En la medida en que una mayoría de mexicanas y mexicanos apoyen el planteamiento del Ejecutivo, como lo reveló una reciente encuesta nacional del periódico El Financiero, Morena y sus aliados podrán apretar a su contraparte en las discusiones legislativas.

Algo, por cierto, que resultaría en perjuicio de la industria eléctrica y del futuro económico del país.

Las piezas que permanecen en el tablero, sin embargo, sugieren que la historia está lejos de escribirse. En tal respecto, recientemente el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tuvo un par de actividades estratégicas que deben entenderse como mensajes claros que incidirán en el proceso de discusión de la reforma eléctrica.

La primera de ellas está relacionada con reuniones entre el embajador Salazar y el gobierno de México para expresar las preocupaciones del gobierno norteamericano con respecto al planteamiento de reforma eléctrica. La segunda tiene que ver con un encuentro que el diplomático tuvo con líderes del sector eléctrico, los cuales le contaron de primera mano sobre su trabajo para brindar energía limpia, asequible y confiable a México.

El embajador de Estados Unidos en México no es el único que está mandando mensajes de preocupación. Existen otros actores que, desde distintas trincheras y con argumentos sólidos, alertan constantemente de los costos que implicaría la aprobación de la propuesta de reforma al sector eléctrico del presidente López Obrador. Estos últimos, en mi opinión, son los actores que pueden mover el fiel de la balanza en uno u otro sentido.

Valdrá la pena que sean escuchadas y escuchados en los debates que se organizarán dentro del contexto de parlamento abierto que organizará próximamente el Congreso. Tengo la certeza de que la industria eléctrica y el país entero se verán beneficiados con su voz.

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Por Arturo Carranza Guereca 

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