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Arturo Carranza Guereca

Sobre la propuesta para reformar la Ley de Hidrocarburos

Un gobierno profesional y serio está obligado a resolver el problema procurando respetar el Estado de derecho

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Arturo Carranza, Columna 2021

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una polémica iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. De acuerdo con el planteamiento general de la iniciativa, el gobierno busca desincentivar prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, así como reordenar diversas actividades económicas en el sector energético con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto de energéticos y proteger la economía nacional. 

La propuesta del Ejecutivo se inscribe dentro de una serie de acciones que se han tomado en los últimos dos años para revertir el modelo energético creado a raíz de la reforma energética. Aunque no sorprende, sí llama la atención el contenido de la iniciativa: una vez más el dedo acusador trata de anular el pasado reciente para imponer una visión. En este esfuerzo, se renuncia a la posibilidad de cosechar los beneficios de un proceso que, de continuar su marcha, traerá beneficios tangibles a la sociedad. Solo que, para hacerlo, debe reforzarse en donde sea necesario y reajustarse en donde su implementación haya desmerecido. 

En esta lógica, resulta útil reflexionar sobre el rol que debe jugar Petróleos Mexicanos (Pemex) en la industria petrolera y, de manera particular, en las actividades relacionadas con el transporte, almacenamiento, distribución y expendió de combustibles. Al respecto, no hay duda de que la petrolera debe tener una presencia activa en el desarrollo de estas actividades. Pero esta presencia, es importante señalarlo con claridad, debe estar motivada por un esfuerzo de eficiencia y no por un plumazo legislativo. En otras palabras, lo que pueda ganar Pemex en el mercado de los combustibles debe ser producto de su capacidad de competir y no por una voluntad política. De otra forma se corre el riesgo de que el país termine en un callejón sin salida donde Pemex, tarde o temprano, deje de garantizar el suministro de combustibles a los consumidores. 

Por lo demás, es cierto que en México existe un problema muy serio asociado con el robo y contrabando de combustibles. En este sentido, vale la pena rescatar lo que dijo la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, durante una reunión la semana pasada con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados . En este evento, la funcionaria informó que al primer trimestre de 2021 la recaudación por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a combustibles se había caído en 23 mil millones de pesos con respecto al mismo periodo del año anterior debido al robo y contrabando de combustibles importados. 

La dimensión del problema adquiere tintes alarmantes cuando tomamos conciencia de que esa cifra representó el 40% del total recaudado por IEPS a combustibles en 2020. De ese tamaño es la sangría que deja el robo y contrabando de gasolinas y diésel en México. 

Frente a lo que la jefa del SAT llamó problema interinstitucional, que tiene que ver manejo con el manejo de las aduanas y con el otorgamiento de permisos de importación de combustibles, queda claro que en el país se tienen que emprender esfuerzos para reducir el robo y el contrabando de combustibles importados. Pero estos esfuerzos no deben realizarse a partir de una retórica estridente que exacerbe las inquietudes en un mercado, como el de los combustibles, que necesita certidumbre para desarrollarse y expandirse de forma acelerada. Tampoco puede hacerse teniendo de fondo el paredón que representa la conferencia mañanera del presidente.

Un gobierno profesional y serio está obligado a resolver el problema procurando respetar el Estado de derecho. No hay que olvidar que el robo y el contrabando de combustibles es, antes que nada, un problema de impunidad. Por eso, para desincentivar prácticas relacionadas con el comercio ilícito de petrolíferos se debe llevar ante la justicia a los responsables de cometer actos ilícitos para que sean castigados con las leyes vigentes. Ya después, en segunda instancia, se puede pensar en hacer más fáciles las leyes fiscales. No hay que olvidar, como lo dijo la jefa del SAT ante diputados, que en nuestro país tenemos leyes fiscales muy complejas que están hechas para evadirse.  

Por Arturo Carranza Guereca 

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