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Economía

Denuncia contra empresa Tridonex pondrá a prueba capítulo laboral del T-MEC

Susana Prieto, impulsora de la demanda, recuerda que la empresa puede ganarse sanciones comerciales por boicotear el derecho a la libertad sindical

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manufacturas, sector manufacturero

La primera demanda laboral que se presentó bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en contra de la empresa Tridonex demostrará si el capítulo laboral del acuerdo comercial sirve realmente para proteger los derechos de los trabajadores, aseguró Susana Prieto Terrazas, una de las promotoras de la denuncia.

“Estamos luchando por la libertad y democratización sindical de los obreros que actualmente no tienen salida para librarse de los sindicatos y contratos de protección patronal, además de todas las injusticias de las que ha sido objetivo durante años”, aseguró la abogada y activista sindical, según un reporte publicado por el diario El Financiero.

Susana Prieto, junto con la central sindical AFL-CIO de Estados Unidos, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU por sus siglas en inglés), el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS) y la organización Public Citizen, apoya la denuncia con el argumento de que Tridonex impide que los trabajadores ejerzan libremente su derecho a la organización sindical y a la contratación colectiva.

Los trabajadores tienen el deseo de afiliarse al SNITIS, para que los represente en las negociaciones colectivas con la empresa pero Tridonex se los impide, aseguró la abogada postulante al referir que más de 600 trabajadores han sido despedidos.

En este sentido, Susana Prieto recordó que las reglas del T-MEC establecen que si las empresas son culpables y no quieren reparar el daño causado, se harán acreedoras a sanciones comerciales, como la imposición de aranceles e incluso el bloque del comercio.

Susana Prieto ganó notoriedad pública en el contexto del movimiento de huelga que afectó a varias plantas maquiladoras en Tamaulipas, a principios de 2019. En ese entonces, lo que peleaban los trabajadores era un aumento salarial de 20% y un bono de 32,000 pesos.

La abogada asesoró legalmente a los trabajadores y fue señalada por las autoridades estatales y las empresas de estar vinculada por Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del gremio minero.

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Las autoridades de Tamaulipas la arrestaron y la enviaron a prisión preventiva (del 8 de junio al 1 de julio de 2020), acusada de amenazas, motín y delitos contra servidores públicos, luego de haber participado en una manifestación de trabajadores frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Matamoros, Tamaulipas.

Una condición de las autoridades para dejarla en libertad consistió en que Susana Prieto tenía que abandonar Tamaulipas y mantener su residencia en Chihuahua, de donde es originaria. (Con información del diario El Financiero)

GC

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