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Economía

Reformas a la Ley Minera obligarán a México a indemnizar a varias empresas: ICC

La protección del litio como recurso exclusivo del Estado viola el CPTPP y otros acuerdos comerciales

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La reforma a la Ley Minera, que se aprobó y se promulgó la semana pasada, con el propósito de nacionalizar el litio, contradice los compromisos asumidos por México en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP) y otros tratados comerciales internacionales.

Por lo anterior, el gobierno mexicano puede verse en la obligación de indemnizar a las empresas que actualmente tienen concesiones mineras, aseguró la representación de la Cámara Internacional de Comercio (ICC en inglés) en México.

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Mediante un comunicado, el ICC México hizo ver que los artículos 9.12 y 10.7 del CPTPP prohíben a las partes modificar su marco normativo para restringir actividades o sectores productivos que no se reservaron previamente en el tratado.

Sin embargo, el gobierno no se reservó en su momento, la exploración, la explotación y aprovechamiento del litio para el Estado mexicano.

En sus consideraciones, ICC también refirió que la mencionada reforma a la Ley Minera igualmente pudo violar el contenido de los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIS) que México ha firmado con diversos países, lo que incluye a Australia, China y Reino Unido.

“El litio, al igual que otros recursos minerales, son patrimonio de la nación, tal como lo consagra el artículo 27 constitucional”, aceptó ICC México.

“Sin embargo, dicho reconocimiento no debe confundirse con el derecho que tienen los inversionistas mexicanos y extranjeros de participar, a través de concesiones, en actividades económicas relacionadas con la exploración, explotación y producción de recursos minerales”, advirtió el organismo empresarial.

ICC lamentó que las reformas aprobadas en solo tres días por el Poder Legislativo no hayan especificado qué pasará con las concesiones para explotación del litio que actualmente tienen vigentes varias empresas mineras, procedentes de Australia, Canadá, China y Reino Unido.

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De allí que si las autoridades mexicanas decidieran cancelar las concesiones a dichas compañías, “el gobierno mexicano estaría obligado a indemnizar a los inversionistas conforme al CPTPP y otros instrumentos internacionales vigentes”.

En este sentido, ICC hizo un exhorto al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a respetar los compromisos comerciales asumidos por el país, en aras de evitarse conflictos con las empresas.

GC

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Marco Mares
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