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Economía

Subcontratación de personal paga sueldos hasta 43% más bajos: CIEP

También obtienen menores prestaciones, equivalentes a un valor de entre 3% y 4% de sus ingresos; urge un diálogo pare regular esta figura

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La preocupación del gobierno federal sobre las desventajas que representa la figura de la subcontratación de personal para el mercado laboral mexicano tiene sustento, si se comparan las condiciones de trabajo entre un empleado sujeto a una relación subordinada de trabajo y alguien que presta sus servicios por medio de una empresa terciaria.

En promedio, las personas empleadas a través de agencias de empleo temporal y servicios de suministro de personal permanente reciben remuneraciones por hora entre 43% y 36% menores que sus pares contratados de la manera tradicional, asegura en un análisis el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Lo anterior, derivado de que las empresas prestadoras de personal pagan sueldos en el rango más bajo de lo que marca el mercado laboral para cada tipo de puesto, en aras de ofrecer precios competitivos a sus clientes, esto es a las empresas que requieren sus servicios.

Asimismo, los trabajadores que laboran bajo la figura de subcontratación o outsourcing también obtienen menores prestaciones, ya que alguien contratado como trabajador subordinado percibe prestaciones —seguro médico, fondo de vivienda, ahorro para el retiro, ayuda para transporte, entre otras— por un valor equivalente a 7.6% de su salario anual.

En cambio, los empleados subcontratados obtienen prestaciones con un valor de entre 3.1% y 4.1% de su salario anual, ya que generalmente solo reciben las prestaciones mínimas de ley.

Con base en datos de los censos de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el CIEP encuentra que en general el personal administrativo, contable y de dirección —que se encuentra ocupado mediante la figura de tercerización— percibe ingresos entre 12% y 36% menores a sus pares contratados de manera tradicional; en tanto que el personal de producción, ventas y servicios obtiene ingresos entre 42% y 47% inferiores.

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La situación de esta fuerza de trabajo no es menor, si se toma en cuenta el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Entre los años de 2003 y 2018, la proporción de personal ocupado contratado por medio de la tercerización pasó de 8.6% a 17.3% respecto a la población ocupada total, destacó el CIEP en su análisis.

Sin embargo, es notable la participación de la subcontratación de personal en ciertas ramas de actividad económica, como las industrias de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural, que reportan una proporción de 42%. También desacatan los servicios financieros, cuyo 41.5% del personal se encuentra subcontratado.

Otras actividades productivas como la minería y el comercio mayorista reportan contribuciones de 33.4% y 25%.

En cambio, la industria manufacturera tiene una incidencia de 17.9% de personal contratado mediante outsourcing; en tanto que la agricultura es la actividad con menor participación de esta figura, con 5.7%.

Por tamaño de empresa, el CIEP destaca que las grandes unidades productivas son las que más recurren a la tercerización de personal, ya que 24.6% de su fuerza de trabajo ingresó a través de ese mecanismo; mientras que las micro y pequeñas empresas reportan que 4.4% y 17.6% de sus empleados son subcontratados, respectivamente.

Además de las desventajas económicas que representa la figura de la tercerización de personal para los trabajadores, la hacienda pública también ha enfrentado dificultades, por la vía de la captación de impuestos.

“En ocasiones, ciertas empresas simulan relaciones laborales tercerizadas con el fin de evitar o reducir su carga fiscal y el pago de la utilidad repartida. Así, estas firmas suelen omitir el registro de los trabajadores ante las instituciones de seguridad social y el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, refiere el análisis del CIEP.

Asimismo, muchas empresas recurren a la subcontratación de personal para reducir los costos derivados por la seguridad social, al registrar a los trabajadores con un salario menor al que reciben —mismo que acredita la empresa terciaria—, mientras que la empresa que recibe el beneficio del trabajo “completa” el salario de manera directa al trabajador, sin reportarlo a las instituciones de seguridad social.

También se ha visto que las empresas de subcontratación no hacen las retenciones de impuestos correspondientes a los ingresos de los trabajadores, por lo que al cabo de varios meses estos se dan cuenta que tienen adeudos fiscales con las autoridades tributarias.

Por lo anterior, el CIEP destaca la necesidad de promover un diálogo amplio sobre la regulación de la figura de la subcontratación de personal en México, que implique no solo reforzar las acciones de fiscalización tributaria sobre las empresas que ofrecen el servicio como sobre la empresas contratantes, sino que también se garanticen los derechos de los trabajadores a recibir sus prestaciones sociales.

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El CIEP menciona asimismo la relevancia de corregir aquellos factores que obligan a las empresas a subcontratar personal, tales como “la complejidad de la legislación laboral y la carga que surge del proceso de cumplimiento de las obligaciones tributarias”.

Otro aspecto a considerar consiste en dejar claramente reglamentados los términos bajo los cuales puede aceptarse la prestación de servicios personales en el país mediante la subcontratación, en aras de que el personal sujeto a esta figura —tradicionalmente el personal de vigilancia, mantenimiento y limpieza— sea respetado en sus derechos laborales.

GC

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Marco Mares
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