Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que su gobierno está dispuesto a dialogar con los empresarios energéticos sobre las controversias en el sector.
“Estamos abiertos al diálogo, vamos a hablar con todas empresas, y nos vamos a poner de acuerdo porque -también es necesario subrayarlo- el propósito era privatizar por completo el sector energético nacional, es decir, acabar con la Comisión Federal de Electricidad [CFE] y con Pemex [Petróleos Mexicanos”, declaró el presidente durante su conferencia matutina del viernes.
La administración lopezobradorista lleva más de un año chocando con los empresarios del sector energético en el país, tanto nacionales como extranjeros. El gobierno federal ha efectuado varios cambios a la regulación de la industria petrolera y la eléctrica. Según comunicados de sus dependencias y declaraciones de sus funcionarios, las modificaciones buscan fortalecer tanto a Pemex como a CFE y darles “piso parejo” para competir.
Los empresarios consideran que estas modificaciones se han hecho con miras a beneficiar a las empresas del Estado a costa de la inversión privada, lo cual terminará atrofiando los esfuerzos de los reguladores por fomentar la competencia en el sector.
El jueves, una asociación de petroleros estadounidenses enviaron una carta al presidente Donald Trump en la que denuncian “favoritismos” del gobierno de AMLO hacia Pemex, además de acusarlo de haber roto su promesa de mantener los acuerdos hechos por la administración pasada en el sector.
“Nosotros planteamos que no íbamos a mantener la política de privatizaciones y es lo que estamos haciendo, y vamos a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex porque son dos empresas públicas importantísimas para el desarrollo económico de México”, respondió López Obrador en su conferencia del viernes.
La IP y el gobierno federal sostienen al momento varias querellas en tribunales. Los empresarios, varias asociaciones civiles e incluso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) han presentado solicitudes de amparo y controversias constitucionales contra políticas decretadas recientemente por la Secretaría de Energía (Sener) y otros reguladores. El sector público también acudió a tribunales para defender sus políticas.
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