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Energía

México Evalúa exhorta a legisladores a no aprobar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica

Desplazar las plantas eólicas y solares del despacho eléctrico puede elevar el costo de producción entre 1,350 y 2,750 mdd

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Valor agregado de empresas públicas se contrajo 2.7% en 2018

La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la ley de la Industria Eléctrica no garantizará la reducción de las tarifas eléctricas, ni mayores inversiones en el sector, ni menos aún aliviará a las finanzas públicas, aseguró la organización civil México Evalúa.

En un análisis, la organización —un centro de estudios sobre las políticas públicas de gobierno— recomienda al Poder Legislativo no aprobar la propuesta de ley que elaboró el Poder Ejecutivo y que pretende fortalecer el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresa preponderante del mercado eléctrico nacional.

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Este viernes, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados votó a favor de la iniciativa de reforma presidencial, con pocos cambios, dictamen que pretende ser llevado al pleno de la Cámara baja para su aprobación en la sesión del martes de la siguiente semana.

Lo anterior, no obstante que en sesión de parlamento abierto, diversos consultores privados, representantes de empresas privadas, académicos y grupos ambientalistas manifestaron abiertamente su rechazo al proyecto de ley, a los que se suma México Evalúa.

En su análisis, la organización considera que “la iniciativa contraviene el régimen de libre competencia previsto en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, cuyo objetivo es alcanzar menores costos y mayor diversidad de productos en comparación con un modelo de monopolio, lo que se traduce en beneficios para todos los mexicanos”.

En el documento “La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica golpeará el bienestar de todos los mexicanos”, la organización refiere que la creación de los Contratos de Cobertura Eléctrica con Compromiso de entrega Física otorgan ventajas de mercado a CFE.

La organización recordó a los legisladores que hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución sobre el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional —publicado por la Secretaría de Energía en mayo pasado—. 

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En su resolución, el Máximo Tribunal del país consideró inconstitucionales los cambios en las reglas de despacho eléctrico que dan prioridad a las plantas de la CFE, por encima de las plantas privadas, independientemente de sus costos de venta de electricidad y del tipo de tecnología utilizada.

México Evalúa considera el Acuerdo de Política de Confiabilidad va “en el mismo sentido que las modificaciones que se pretenden hacer en la LIE. Si esta reforma a la ley se llega a aprobar, será una irresponsabilidad legislativa, pues se sabe con antelación de su inconstitucionalidad”.

T-MEC protege a privados de actos de expropiación

Además, la preferencia que plantea el proyecto de ley por las plantas eléctricas de CFE también va en contra de los tratados firmados por México, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual establece en su capítulo 22 que no debe haber trato discriminatorio a los actores económicos, para “desplazar a empresas de otros países y obstaculizar su acceso a bienes y servicios”.

También se puede caer en contradicción con el capítulo 24 del T-MEC, relativo a la protección a inversionistas que tienen “contratos gubernamentales, cubiertos contra actos de expropiación indirecta o incumplimiento a de las normas de trato justo y equitativo”.

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Contrario al discurso del presidente López Obrador, la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no garantiza que disminuirán los precios de la electricidad para los consumidores finales.

El hecho de desplazar al último lugar a las plantas eólicas y solares de los privados al último lugar en el despacho de energía eléctrica ocasionará que los costos anuales de producción del país se eleven entre 1,350 y 2,750 millones de dólares (mdd).

Esta situación tendrá un impacto en las tarifas al consumidor o bien dará lugar a un “congelamiento” de precios de manera artificial por la vía de los subsidios del gobierno a CFE.

Elevado costo social

México Evalúa considera que un eventual subsidio a CFE puede tener un costo social elevado, ya que las subvenciones que actualmente destina el gobierno federal a la electricidad alcanzan 70,000 millones de pesos (mdp) anuales, cifra equivalente a nueve veces el programa de Atención a la Salud y Medicamentos gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.

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Por demás, la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica puede frenar por tiempo indeterminado las inversiones privadas en el sector. Al cierre de 2020, la inversión en este segmento cayó 82% en relación con 2018, asegura México Evalúa al advertir sobre las desventajas asociadas a la falta de inversiones, como el rezago tecnológico y la imposibilidad de crear nuevos empleos.

“En resumen esta iniciativa, además de ser inconstitucional y contraria a compromisos internacionales, favorece la generación de energía más costosa y más contaminante; socava oportunidades de inversión y empleos para México”, concluye la organización.

GC

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Marco Mares
La revolución digital de las inversiones, el trading social.
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