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Emilio Lozoya es trasladado a prisión de Madrid

Enfrentará ahí su proceso de extradición a México

Extradición de Lozoya se solicitará entre hoy y mañana: Ebrard

Autoridades españolas iniciaron el traslado del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, de la prisión Alhaurín de la Torre, en Málaga, a una cárcel de Madrid, donde enfrentará su proceso de extradición a México.

Pese a que el movimiento se hace “de manera directa”, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de España no dio a conocer ni la ruta del convoy que lo acompaña, ni la hora de llegada del exfuncionario a la capital española.

El traslado se realiza luego de que el martes pasado, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que el exfuncionario no solicitó asistencia consular de México, por lo que no se le estaba brindando la ayuda.

Agregó que la solicitud de extradición la estaba integrando la Fiscalía General de la República (FGR), y aseveró que ésta estará en tiempo y forma.

“La está integrando la Fiscalía, pero va a estar a tiempo, no se preocupen… Él no pidió ayuda consular”, dijo el canciller, quien aseguró que se cumplirán los plazos establecidos para presentar el requerimiento a las autoridades españolas.

“Hay un plazo y dentro de ese plazo se va a cumplir, pero se empezó a integrar de inmediato”, agregó.

Cabe mencionar que Emilio Lozoya fue aprehendido por policías locales en Málaga, España, especializados en la búsqueda de fugitivos, que atienden los requerimientos de Interpol.

Era buscado por autoridades judiciales debido a que proporcionó información falsa en su declaración de situación patrimonial, al omitir, en más de una ocasión, una cuenta bancaria con saldos de cientos de miles de pesos.

Estaba prófugo desde mayo de 2019, tras ser acusado de recibir sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de participar en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes.

El pasado 5 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos del exfuncionario, luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) interpusiera dicha sanción.

 

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erc

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