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“Decretazo” de AMLO sobre obras públicas debe ser derogado por inconstitucional: Max Kaiser

Participación de Fuerzas Armadas en actividades civiles plantea graves riesgos de corrupción

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Entrevista con Max Kaiser acerca de la política anticorrupción del presente gobierno

El acuerdo publicado por Presidencia de la República, que declara a todas las obras de infraestructura prioritarias de la federación como asuntos de “seguridad nacional” e “interés público”, es abiertamente inconstitucional y tendrá que ser derogado, porque pasa por encima de la Carta Magna y de las leyes de transparencia, rendición de cuentas y obras públicas.

El “decretazo” –como se ha denominado coloquialmente al acuerdo presidencial publicado el 22 de noviembre— “carece de toda fundamentación”, porque “el presidente de la República tiene la facultad de proveer elementos administrativos para que las leyes puedan ser aplicadas no para que puedan ser violadas”, asegura Max Kaiser Aranda, fundador del Centro para la Integridad y Ética en los Negocios (CIEN).

La raíz detrás de la publicación del acuerdo –que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pretende agilizar los trámites de autorizaciones para las obras públicas— está en la difusión de informaciones en el sentido de que más de 900 contratos para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, Estado de México, se otorgaron de manera directa a los proveedores.

Asimismo, varios de esos contratos otorgados se entregaron a empresas que ya no existen o bien a empresas cuyas actividades son diferentes a la razón social con la que están registradas, comenta Max Kaiser.

“El concepto de seguridad nacional te da un paraguas cómodo, no te obliga a entregar documentos, porque la Ley de Transparencia dice que una restricción para transparentar obras o decisiones de gobierno consiste precisamente en la seguridad nacional”, refiere el experto.

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Pero si además el concepto de “seguridad nacional” se combina con el concepto de “interés público” se refuerza el supuesto paraguas jurídico para que “de manera libre, abierta y directa, se puedan hacer más adjudicaciones directas a proveedores y personas prestadoras de servicios, sin concurso, sin apertura”, advierte Kaiser Aranda.

“Decretazo”, un recurso de gobiernos autoritarios

El experto, que se ha especializado en derecho administrativo, refiere que este es un recurso común de gobiernos autoritarios, quienes aluden a la existencia de “intereses oscuros” que “quieren acabar con el proyecto de nación” que encabezan, lo cual justifica el criterio de “seguridad nacional”.

En este sentido, Max Kaiser considera que el acuerdo “pronto deberá ser declarado inconstitucional, porque es absolutamente absurdo y deberían tener la misma suerte aquellos proyectos que se quieran apoyar en esa orden presidencial”.

Por lo pronto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ha anunciado que interpondrá una controversia constitucional en contra del “decretazo” al considerar que se “transgrede” al artículo 6 constitucional, ya que las dependencias de gobierno estarán en condiciones de negar la entrega de información sobre las obras de infraestructura por la reserva de “seguridad nacional”.

Fuerzas Armadas: disyuntiva entre eficiencia y transparencia

Respecto a la adjudicación que ha hecho López Obrador a las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos del orden civil como la construcción y operación del AIFA, la distribución de vacunas anticovid y de medicamentos, así como la construcción de sucursales del Banco del Bienestar, sin olvidar las tareas de seguridad pública, Max Kaiser advierte que se avecinan serios problemas para los integrantes del Ejército Mexicano y la Marina.

“Yo fui miembro del gobierno durante 12 años y le tengo respeto a las Fuerzas Armadas, han sido leales al proyecto del Estado democrático, por eso creo que los meten en una gran bronca. En la Constitución no está que las Fuerzas Armadas participen en negocios, ni que transporten medicinas”, explica el especialista.

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Sin embargo, “su vocación es la lealtad y la eficacia”, lo cual es una virtud en el ámbito castrense, pero que en el ámbito civil plantea un riesgo.

“Cuando les dicen a los militares que el Aeropuerto debe estar terminado en una fecha determinada, la obra va a estar lista, el problema es cómo, porque se generan riesgos de corrupción. Les generas la necesidad de salir al mercado a contratar empresas para tener los materiales y servicios a tiempo”, advierte Max Kaiser.

En un Estado democrático “necesitamos certeza, transparencia, rendición de cuentas, saber quiénes construyen, cómo, en qué condiciones y en qué fechas”, lo cual no necesariamente van a acatar las Fuerzas Armadas, porque “tienen un mandato de lealtad y eficacia y lo van cumplir ya que no se sienten obligadas a cumplir con las leyes civiles”, advierte el experto.

En este sentido, Max Kaiser vislumbra que en la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas que no son originalmente de su competencia, “hay un grave riesgo de corrupción”.

GC

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Marco Mares
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