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El caso de Raúl Beyruti muestra que “vamos con todo” contra los defraudadores fiscales: Procuraduría Fiscal

El procurador Carlos Romero sostiene que se “acabó la fiesta” para las empresas facturaras y de outsourcing que no pagan impuestos

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Carlos Romero Aranda / @ProcuFiscal

El gobierno federal está comprometido a “ir con todo” en contra de las empresas incumplidas con sus obligaciones fiscales, y una prueba es la reciente orden judicial para detener al empresario Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GIN Group, empresa de subcontratación de personal.

Aunque aclaró que no se puede referir a casos concretos, para no entorpecer los procesos judiciales, el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, manifestó que el caso de Beyruti Sánchez —también llamado el “rey del outsourcing”— evidencia que la presente administración “no va a solapar a nadie” y que perseguirá la defraudación fiscal, independientemente de quiénes sean los responsables.

Con estas declaraciones, el procurador Romero Aranda ha sido el primer funcionario federal en referirse al caso, con lo que también confirmó que el Ministerio Público federal giró una orden de aprehensión en contra de Raúl Beyruti, cuya empresa es una de las más importantes del mercado mexicano en el segmento de subcontratación de personal.

Al participar en el III Congreso Nacional de Reformas Fiscales 2021, organizado por Thomson ReutersRomero Aranda advirtió que “se acabó la fiesta” para las empresas factureras, de subcontratación de recursos humanos y de otros segmentos que por años han evadido impuestos.

“Esto ya cambió, se acabó la fiesta. La persecución de delitos fiscales es una realidad”, aseguró el funcionario.

En su presentación, Romero Aranda dijo que las autoridades fiscales han realizado trabajos de investigación muy minuciosos que les permiten identificar a las personas físicas y morales que incurren en la defraudación, como las empresas factureras y las de outsourcing.

Expuso que el esquema de subcontratación, si bien es defendido por el sector privado, ha caído en la ilegalidad a grado tal que las empresas del segmento compiten entre sí para ayudar a sus clientes a pagar la menor cantidad posible de impuestos y de aportaciones a la seguridad social, en perjuicio del sistema tributario y de los trabajadores. (Con información de los diarios El Financiero y El Sol de México)

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Marco Mares
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