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Reforma de outsourcing recibe luz verde en San Lázaro; también quedará prohibido en gobierno

El dictamen fue aprobado con 284 votos a favor, 108 en contra y 17 abstenciones

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outsourcing, Ley de Ingresos 2020 recibe aprobación de diputados

La reforma contra el outsourcing recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados.

El dictamen fue aprobado en lo general la noche del martes con 348 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones. Horas después, ya siendo miércoles en la madrugada, fue aprobada en lo particular con 284 votos a favor, 108 en contra y 17 abstenciones. Ahora pasará a manos del Senado.

La reforma al outsourcing es uno de los grandes pendientes del Congreso federal. Después de años de discusión en los pasillos del Legislativo, la iniciativa iba a debatirse y votarse a finales del año pasado. Sin embargo, fue frenada en seco poco antes de que llegara al Pleno. Una lluvia de críticas provenientes de la iniciativa privada obligó a los legisladores a abrir mesas de diálogo en las que participaron gobierno, la IP y los sindicatos.

El acuerdo tripartita se alcanzó apenas la semana pasada. El resultado se envió en forma de iniciativa legal al Congreso, que iba a discutirla en comisiones el jueves de la semana pasada. El debate se pospuso para el martes, día en el que el dictamen pasó al vapor en comisiones y, horas después, en el pleno.

El punto clave del dictamen aprobado en San Lázaro es que se “diferencia la subcontratación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante”.

Además, establece que la subcontratación de servicios especializados deberá formalizarse con contratos entre las partes involucradas. También, las empresas que proporcionen estos servicios deberán registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El sector privado no será el único que tendrá que acatar la nueva reglamentación. El outsourcing también será regulado de manera más estricta en dependencias e instituciones de gobierno.

El dictamen contempla que las empresas cuenten con 90 días para adaptarse a la nueva legislación.

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Marco Mares
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