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Tras siete años en la congeladora, se aprueba Ley de Remuneraciones

Aplica a magistrados, cancilleres, legisladores, consejeros electorales... ninguno podrá ganar más que el presidente.

Abrazan diputados propuesta de austeridad de AMLO

Con micrófono en mano a falta de tablero electrónico, los legisladores de la Cámara de Diputados votaron en lo general la aprobación de la ley de Remuneraciones a los Servidores Públicos, tras siete años que la minuta salió del Senado.

Por mayoría con el voto de Morena y sus aliados, la propuesta hecha por el legislador Pablo Gómez en 2011, cuando éste era senador y pertenecía a la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD),  salió de la congeladora de San Lázaro para ser avalada con 433 a favor, nueve en contra y una abstención.

Mientras tanto, se reservó para discutir en lo particular la redacción de los artículos que componen la ley, debido a que que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional (PRI), en voz de la diputada Rosa María Saurí, subrayó que la redacción está desactualizada.

Por ejemplo, el texto aprobado contempla al Distrito Federal y no la Ciudad de México, multas en salarios mínimos y no en UMA, a la Procuraduría General de la República y no a la Fiscalía General, y al otrora Instituto Federal Electoral que mudó en Instituto Nacional Electoral.

«La primera ley que votaremos saldrá anacrónica, sin forma. ¿Está la cuarta transformación?, legislar rápido y mal», reviró durante la discusión la panista Laura Angélica Rojas.

 

¿A QUIÉNES INCLUYE?

La Ley de Remuneraciones implica que ningún funcionario público podrá ganar más que el presidente y aplicará para todos los representantes del Servicio Exterior Mexicano, a los tres Poderes de la Unión, a los órganos autónomos y a entidades paraestatales.

Mientras tanto, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador ya avisó que recibirá 108,248 pesos mensuales por sus funciones, la cifra equivale a 40 por ciento de lo que recibe actualmente el presidente Enrique Peña Nieto.

Con este tope, se prevé que alrededor de 34,559 trabajadores del servicio público verán una disminución en sus ingresos.

 

 

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