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Vinculan a proceso a exfuncionario del SAT que recibió un pago de empresa “facturera”

Héctor Taurino Landa tiene tres propiedades que no reportó en sus declaraciones patrimoniales

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El Segundo Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México vinculó a proceso a Héctor Taurino Landa, exadministrador Central de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por el delito de enriquecimiento ilícito.

La causa es que el exfuncionario no declaró a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la compra de tres inmuebles en la capital del país, ya que estas propiedades no aparecieron en sus declaraciones patrimoniales de 2015 a 2018 ni en sus declaraciones fiscales, según un reporte publicado este domingo por el diario Reforma.

Uno de los tres inmuebles no declarados es una casa ubicada en la colonia Jardines del Pedregal de la Ciudad de México, con un valor catastral de 15 millones de pesos (mdp).

Conforme a sus investigaciones sobre el exfuncionario, la Fiscalía General de la República (FGR) encontró que dicha casa le fue entregada a Héctor Taurino Landa por la empresa Arrendadora Franlluti en el año 2018, como un pago por la prestación de servicios.

Sin embargo, la FGR encontró que no es localizable el domicilio fiscal de Arrendadora Franlluti y que esta empresa no reportó ingresos ni egresos en sus declaraciones fiscales. Además, la compañía ya está identificada por las mismas autoridades fiscales como una empresa “facturera”, es decir que emite facturas de operaciones simuladas o inexistentes.

Ante los hallazgos y elementos de prueba de la FGR, el Segundo Tribunal Unitario Penal acordó vincular a proceso al exfuncionario, quien se separó del SAT en 2018.

La actual administración federal ha tomado la lucha contra la corrupción como una de sus prioridades para fortalecer y hacer más transparente el servicio público, así como el combate a la evasión fiscal como un mecanismo encaminado a recuperar impuestos no pagados al SAT.

Precisamente, las empresas “factureras” son uno de los blancos de investigación de las autoridades hacendarias, ya que no solo pueden ayudar a las compañías legales a disminuir el monto de sus utilidades y a pagar menos impuestos.

El SAT también ha encontrado que las “factureras” pueden colaborar en el delito de “lavado de dinero”, en aras de hacer pasar como operaciones legales actividades ilícitas como narcotráfico, sobornos o extorsión, entre otros. (Con información del diario Reforma)

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GC

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Marco Mares
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