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Cambios a reglas de comercio exterior afectarán hasta 48% las importaciones de petrolíferos: CCE

El sector privado exige a las autoridades que reviertan los cambios a las Reglas Generales de Comercio Exterior

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ley de hidrocarburos

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al gobierno federal que reconsidere las modificaciones a las reglas del comercio exterior, las cuales disponen que los despachos de mercancías de hidrocarburos, petrolíferos, minerales y algunos químicos solo podrán realizarlos las empresas productivas del Estado, en perjuicio del sector privado.

“Se podría en riesgo la seguridad energética de México y el abasto de combustibles”, ya que “se estima que la afectación potencial a mediano plazo sería de 25% hasta 48% de las importaciones de petrolíferos”, aseguró el organismo a través de un comunicado.

De esta forma el CCE reaccionó a la Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, la cual dispone que la autorización para el despacho en lugar distinto al autorizado (LDA) para las mercancías de hidrocarburos, petrolíferos, minerales y algunos precursores químicos solo podrán tenerla las empresas productivas del Estado, tales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esta resolución la publicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado 11 de junio, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), pero hasta ahora fue que el agrupación empresarial expresó formalmente sus puntos de vista.

El CCE –el organismo cúpula del empresariado mexicano— advirtió que los cambios a las Reglas Generales del Comercio Exterior pueden tener implicaciones negativas para el país, al entorpecer el abasto de materias primas fundamentales para las industrias de hidrocarburos, química, petroquímica y minera en el mercado interno.

“México corre el riesgo de no contar con mercancías indispensables para el sector industrial y para los hogares mexicanos. La falta de suministro de productos como gasolina o materiales para procesos industriales podrían frenar la recuperación económica del país”, expuso el organismo.

Asimismo, el organismo advirtió que un eventual desabasto puede tener “efectos inflacionarios”.

Pero además de las consecuencias en la economía, el CCE aseguró que los nuevos criterios constituyen una forma “artificial” de desplazar a las empresas privadas en beneficio de las empresas paraestatales, lo que contraviene a los principios de competencia económica y libre comercio.

El organismo –que encabeza Carlos Salazar Lomelín— también manifestó que la legítima preocupación de las autoridades por hacer cumplir el estado de derecho en el país no puede afectar el funcionamiento de la economía.

“Cambiar leyes y reglamentos, como pretexto para poder combatir hechos delictivos, es un procedimiento innecesario que impide la sana competencia y afecta a todos quienes invirtieron de buena fe en nuestro país”, concluyó el CCE.

Anteriormente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) –que depende de la SHCP— ha manifestado que la importación ilegal de combustibles y otros bienes industriales constituyen una importante fuga de impuestos para la nación.

El SAT ha denunciado la existencia de agentes económicos que incurren en prácticas de contrabando “técnico” –con engaños sobre la autentificación de las mercancías— o bien de contrabando “bronco” –mediante la introducción de mercancías por la fuerza— lo que les permite evadir cantidades millonarias de impuestos.

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GC

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Marco Mares
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