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Impone Cofece multa de 626.4 mdp a laboratorios y bancos de sangre

Las empresas generaron un daño a las finanzas del IMSS y el ISSSTE por más de mil 200 mdp

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El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso multas por un total de 626 millones 457 mil pesos a 11 laboratorios y bancos de sangre, así como a 14 personas físicas, que se coludieron para “repartirse” licitaciones convocadas por el IMSS y el ISSSTE.

En un comunicado, el organismo detalló que las empresas multadas son Selecciones Médicas (Seme), Selecciones Médicas del Centro (Semece), Centrum Promotora Internacional (Centrum), Impromed, Hemoser, Instrumentos y Equipos Falcón (Falcón), Dicipa, Grupo Vitalmex (Vitalmex), Vitalmex Internacional, Vitalmex Administración y Vitalmex Soporte Técnico.

“Acordaron y/o intercambiaron información para coordinar la presentación o abstención de posturas en licitaciones convocadas por el IMSS y el ISSSTE para contratar servicios integrales de estudios de laboratorio y de banco de sangre”.

La multa para estas compañías es relevante toda vez que la realización de pruebas de laboratorio clínico o de laboratorio de bancos de sangre constituyen uno de los principales insumos para la atención de los derechohabientes, ya que son indispensables para la detección y diagnóstico de enfermedades y la atención hospitalaria.

Por su parte, el servicio integral de banco de sangre es necesario para que el personal médico de las instituciones públicas de salud obtenga datos que son utilizados como insumos de diversos procedimientos médicos, tales como cirugías, tratamiento de enfermedades hematológicas, pacientes con quemaduras, entre muchos otros.

Considerado esto, el arreglo entre las empresas multadas generó un daño a las finanzas de ambos institutos estimado en más de mil 200 millones de pesos, resultado de los sobreprecios -para algunas pruebas este fue de hasta 58.8%- que pagaron a lo largo de diez años el IMSS y el ISSSTE.

Lo anterior fue acreditado durante la investigación del regulador, con número de expediente DE-011-2016.

En el documento se concluye que los agentes económicos “establecieron un pacto de no agresión para, en lugar de competir, repartirse las partidas de siete licitaciones convocadas por el IMSS y el ISSSTE en 2008, 2010, 2011 y 2015”.

“Con ese objetivo, sostuvieron intensas comunicaciones mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas para convocar reuniones durante los días previos y posteriores a la presentación de sus posturas en dichos procedimientos”.

Años de prácticas monopólicas

De acuerdo con la indagatoria de Cofece, en 2008, representantes de Seme, Semece, Centrum, Hemoser, Impromed, Falcón y Dicipa acordaron repartirse las licitaciones lanzadas para prestar los servicios integrales de estudios de laboratorio en diversas delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAEs) del IMSS. Ello a partir de la identificación de la capacidad instalada que cada uno tenía en las respectivas delegaciones, de tal forma que cada miembro se quedara con aquella en la que tuviera mayor capacidad para surtir esa plaza.

“Para obtener la asignación, el que sería el ganador establecía el precio a ofertar, a partir del cual el resto de los participantes presentarían una propuesta perdedora con un precio mayor, se abstendrían de participar o harían que su propuesta técnica resultara insolvente omitiendo la entrega de la carta compromiso”. Este mecanismo se repitió en procesos posteriores, aunque con pequeñas variantes.

Según la Comisión, ese mismo año, en la licitación de bancos de sangre del IMSS las compañías pactaron que sólo participarían Impromed, Falcón y Hemoser.

Para 2010, “el cártel” participó por primera vez en una licitación del ISSSTE, para la contratación de ambos servicios. Ahí, determinaron presentar propuestas de participación conjunta en dos bloques (cada uno conformado por tres empresas) y “se repartieron las seis partidas de servicios integrales licitados, tres para cada bloque”.

En 2011, en la licitación de servicios de laboratorio del IMSS, las empresas repitieron el esquema de repartición, por lo que cada una se quedó prácticamente con las mismas delegaciones y/o UMAEs que se asignaron en 2008.

En el caso del proceso de banco de sangre del IMSS de 2011, participaron todas las empresas del cártel y no sólo tres, como ocurrió en la de 2008, y cada una obtuvo asignaciones.

La investigación de Cofece añade que, en 2015, el ISSSTE llevó a cabo 2 licitaciones, una para cada uno de los servicios.

En la de servicios de laboratorio el grupo de interés económico conformado por las empresas de Vitalmex entró al cártel mediante una postura conjunta, aunque más adelante el agente económico recién integrado abandonó el acuerdo y el ISSSTE asignó los contratos con base en los acuerdos establecidos por los cartelistas.

En la última licitación para la contratación del servicio de bancos de sangre del ISSSTE de 2015 se concursaron 10 partidas, 6 generales y cuatro que incluían un proceso especial (aféresis), las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: las generales, uno para cada miembro del grupo y las especiales entre los que tenían capacidades para llevar a cabo dichas pruebas.

Para las licitaciones del IMSS de 2015 (tanto del servicio integral de bancos de sangre, como de laboratorio), los cartelistas intercambiaron información sensible y estratégica con el objeto de coordinar las posturas que presentarían en dichos concursos.

“Si bien el cártel no alcanzó su objetivo final, el intercambio de información generó un riesgo real al proceso de competencia y libre concurrencia”.

De esta forma, durante años, las empresas incurrieron en una conducta ilegal que eliminó la posibilidad de que los institutos de salud pudieran ocupar dichos recursos para mejoras de sus unidades médicas, en la contratación o capacitación de su personal de salud, o en la operación cotidiana de los centros de salud.

“Por lo tanto, los acuerdos actuaron en detrimento de la calidad de los servicios médicos a los que pudo acceder la población derechohabiente, por lo que se considera que esta colusión es una conducta grave”.

Ante ello, el Pleno de la Comisión determinó sancionar a los participantes de la colusión –11 empresas y 14 personas físicas— con multas que en conjunto ascienden a 626 millones 457 mil 527 pesos, que son las máximas que se pueden imponer en función de lo que marca la ley de competencia y de la capacidad económica de los sancionados.

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