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Presentará Prodecon propuesta para combatir empresas fantasma

Ante diputados, Prodecon sugerirá acciones para elaborar reformas legales que implementen medios de control efectivos para atacar dicho delito.

Presentará Prodecon propuesta para combatir empresas fantasma

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) presentará el próximo miércoles 26 de septiembre en la Cámara de Diputados una propuesta para analizar reformas legales que implementen medios de control efectivos para atacar los beneficios millonarios y evitar que recursos públicos generados por la comercialización de comprobantes fiscales sea emitidos por empresas fantasma, con las que amparan operaciones simuladas.

Esta propuesta es parte del foro abierto “Corrupción y Empresas Fantasma: Propuesta de Reforma Legal para su combate eficaz”, que se llevará a cabo en San Lázaro, precisó Prodecon.

Al respecto, el diputado federal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Ramírez Cuéllar, consideró que el ombudsman fiscal, encabezado por Diana Bernal, ha desempeñado un papel relevante en el combate a las empresas fantasma y a la facturación falsa y ha presentado propuestas para erradicar este ilícito.

La Prodecon estimó que la propuesta que se requiere consiste en que todas las personas físicas con actividad empresarial, así como las personas morales, ya sean sociedades de la iniciativa privada o entidades del sector público federal, estatal o municipal, retengan dos terceras partes del IVA que se cause en la contratación de servicios, así como 10 por ciento del monto que ampare el comprobante fiscal como pago provisional de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El organismo autónomo informó que adicionalmente se analizarán los cambios en la legislación penal, para identificar como delito grave el uso de facturas falsas.

La titular de la Prodecon, Diana Bernal, y el diputado Ramírez Cuéllar coincidieron en la urgencia e importancia de formular y presentar una iniciativa que eleve a delito grave y delincuencia organizada la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados.

También se requiere aumentar la penalidad de este delito para llevarla hasta 10 años de prisión, consideraron.

El diputado de Morena comentó que urge poner un semáforo de alerta a la corrupción que se ha presentado en diversas entidades del sector público, pues es frecuente que dichas entidades contraten supuestas prestaciones de servicios como asesoría, diseño de logotipos, publicidad, estudios y servicios de logística, entre otros, de los cuales es difícil de rastrear su efectiva prestación.

OC

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