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Urgen políticas efectivas para erradicar la inseguridad y la extorsión: CEESP

La problemática genera importantes costos para empresas establecidas y para la instalación de nuevos negocios

‘Efecto AMLO’ también pierde impulso en percepción de inseguridad

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) indicó que la estrategia del Gobierno Federal para combatir la inseguridad es “insuficiente”, por lo que insistió en la importancia y urgencia de adoptar políticas efectivas que lleven a la disminución y erradicación de los problemas de inseguridad y extorsión en el país.

A través de su reporte semanal, el órgano del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que además de atentar contra la integridad física de las personas, dichos fenómenos generan incertidumbre y gravosos costos para el funcionamiento de las empresas ya establecidas y para la instalación de nuevos negocios.

Lo anterior, toda vez que se inhibe la inversión, la competitividad, la creación de empleos y el crecimiento del país.

El organismo apuntó que actualmente el gobierno pone en marcha una estrategia para la lucha contra la inseguridad que, basada en políticas sociales y transferencias de recursos a la gente, busca disuadir a grupos que han sido propensos a formar parte de ilegalidad.

“La idea es en principio acertada, desde luego, pero parece insuficiente”, expuso el CEESP.

Refiere que, por ejemplo, el programa de jóvenes construyendo el futuro, que actualmente ha enlistado a 900 mil personas, el gobierno mexicano les paga 3,600 pesos mensuales; por su parte las becas que han sustituido al programa de transferencias condicionadas (Progresa, Oportunidades, Prospera) –que por cierto fue evaluado rigurosamente arrojando resultados positivos para el combate a la pobreza- paga 1,600 pesos bimestrales a los becarios.

“Es difícil que esas transferencias eliminen el incentivo de los jóvenes a unirse a grupos delincuenciales que ofrecen contraprestaciones mucho más elevadas. Por ello, lo deseable, y lo correcto desde el punto institucional, es complementar los programas sociales con el uso legítimo de la fuerza pública en la lucha contra el crimen”, señaló el Centro de Estudios, al tiempo que reconoció que el problema de inseguridad ha escalado a niveles históricos.

Al respecto, el CEESP manifestó que diversos organismos internacionales ubican a México como un país con altos niveles de inseguridad y es uno de los principales factores que pueden limitar su crecimiento económico.

La edición 2019 del Global Peace Indicator (GPI), elaborado por el Institute for Economics & Peace, refiere que México ocupó el lugar 140 —de un universo de 163 países— como uno de los más violentos en el mundo e incluso se mantiene en el mismo sitio que un año antes.

Por su parte, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran como el número de delitos aumentó durante los primeros siete meses del año, cuando éstos ascendieron a un millón 178 mil 600, es decir, un alza de 5.4 por ciento respecto a igual lapso del año pasado.

Ante esto, el CEESP manifestó que las instituciones encargadas de aplicar las leyes en todos los frentes deben ser modernizadas y fortalecidas con todos los instrumentos posibles que les permita combatir eficientemente a la delincuencia.

“Erradicar la impunidad y fortalecer el estado de derecho debe ser un objetivo inmediato, ya que la seguridad pública y el estado de derecho es objetivo prioritario de cualquier estado democrático legítimo”.

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erc

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