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El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que el gobierno federal no tiene considerado realizar mayores recortes al gasto público, y reiteró que México cuenta con los recursos para “paliar la peor crisis” que pudiera tener.

“Hemos sido extraordinariamente cuidadosos… observamos todo en todo momento y si hubiera necesidad, tenemos posibilidades de ajuste, pero no es algo que tengamos planeado ahorita”, expuso durante el Foro “Inversión, crecimiento, disciplina fiscal: Impactos crediticios en México” organizado por Fitch Ratings.

La declaración se produce luego de que ayer, Moody’s Investors Service redujera su estimado de crecimiento para la economía mexicana a 1.2% para este año, desde 1.5%, y advirtiera que la desaceleración podría obligar al gobierno a realizar recortes adicionales de gasto público.

“Como resultado, los ingresos públicos pueden ser inferiores a las estimaciones del gobierno, lo que hará necesario un recorte adicional del gasto para mantener la rectitud fiscal que ha prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador”, sostuvo Alejandro Olivo, Associate Managing Director de Moody’.

Al respecto, Herrera aseveró que el gobierno siempre ha sido muy prudente con el gasto y apuntó que el único motivo por el que tendrían que tomar la determinación de hacer mayores recortes es que la actividad económica hubiera impactado en los ingresos.

“Y los ingresos no van mal… no han sido afectados todavía”, manifestó el subsecretario de Hacienda, quien, además, garantizó que México tiene los recursos para “paliar la peor crisis” que pudiera tener, como una caía de la economía de 5.0 por ciento, aunque alertó que se carece de reglas definidas para utilizarlos.

Refirió que considerando el contexto internacional, que no luce particularmente optimista, y sumado a la desaceleración de la economía mexicana, el país cuenta con un esquema de riesgos adecuados, pero le falta contar con una política contracíclica.

“Sí tenemos fondos muy, muy importantes, pero nuestros fondos están asociados a disminuciones en los ingresos públicos, y tienes que usar fondos que se utilicen cuando estas en una recesión, y que se amplíe el fondo cuanto estás en un boom; esa cosa no la tenemos nosotros”, añadió.

Recordó que México tiene más 280 mil millones de pesos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), equivalente a más de 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, el país recauda alrededor del 20 por ciento del PIB y ante una fuerte caída de la actividad económica de 5.0 por ciento, la cual solo ha ocurrido tres veces en los últimos 100 años, el impacto en los ingresos públicos sería de 1.0 por ciento del PIB.

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Automovilistas deberán pagar 4.060 pesos de impuesto por cada litro de gasolina premium luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) eliminara el estímulo fiscal a este combustible.

Lo anterior fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en donde la dependencia federal detalló que la gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustibles no fósiles tendrá cero por ciento de estímulo fiscal, para el periodo del 8 al 14 de junio, que se refiere al porcentaje que se paga del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El ajuste al estímulo permite al gobierno federal reducir o aumentar el cobro de impuestos sobre gasolinas, lo que se traduce en un pago mayor o menor por parte del consumidor y, al mismo tiempo, se refleja en los ingresos que obtiene el erario.

Mientras tanto, para la gasolina magna, Hacienda indicó que se aplicará un estímulo de 22.85 pesos, equivalente a 1.099 pesos por litro; mientras que en el caso del diésel aplicará un estímulo de 19.45 por ciento, lo cual representa un monto de 1.027 pesos por litro.

De esta manera, la cuota aplicable a la gasolina magna (gasolina menor a 92 octanos) será de 3.711 pesos por litro, y para el diésel será de 4.25 pesos por litro.

07_06_2019 Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles. https://t.co/IknfxQfSAv

— Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) June 7, 2019

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consideró “desafortunado” que Fitch Ratings rebajara la calificación soberana de México y la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que expresó su “fuerte desacuerdo”.

“El Gobierno expresa su fuerte desacuerdo con el enfoque aplicado por esta calificadora… Es desafortunado que penalice doblemente el balance financiero del país”, expuso en un comunicado.

La dependencia refirió que, por el lado soberano, Fitch señala que los riesgos a las finanzas públicas se han incrementado porque la deuda de la petrolera representa pasivos contingentes para el Gobierno Federal, asumiendo así un apoyo inminente a la entidad; y al mismo tiempo, la agencia penaliza la calificación de Pemex por considerar que el respaldo del Gobierno Federal es moderado e insuficiente.

Asimismo, Hacienda reprocha a la agencia que la rebaja de las calificaciones se haga aún cuando “se ha demostrado el apoyo total del Gobierno Federal a la empresa y se está trabajando en dar una solución a los problemas estructurales y financieros de ésta”.

“En este sentido, el Gobierno de México reitera su compromiso con Pemex y seguirá apoyándola para consolidarse como una empresa eficiente y rentable en el mediano y largo plazo, mediante medidas estructurales y de liquidez.

“Pemex es parte integral de la economía nacional. Vale la pena resaltar que Fitch estabiliza la perspectiva de la calificación soberana de México de negativa a estable, con lo cual establece un piso al ajuste de la calificación y no se esperan más acciones sobre el soberano.

Cabe mencionar que este miércoles, Fitch Ratings hizo cambios a la calificación soberana de México, bajando la calificación crediticia en moneda extranjera y local del soberano de BBB+ a BBB con perspectiva estable.

Este cambio se dio con base en un ajuste cualitativo que pondera principalmente la contingencia financiera que Pemex representa para el Gobierno Federal y sus finanzas públicas.

Es importante apuntar que a pesar de la revisión de la agencia Fitch sobre la calificación soberana, la deuda de México se mantiene cómodamente en grado de inversión.

Por otro lado, la agencia realizó hoy cambios a la calificación de Pemex, bajando la nota crediticia de la entidad de BBB- a BB+ con una perspectiva negativa.

Hacienda también mostró su desacuerdo con Moody’s Investors Service, que ayer ratificó la calificación soberana de México (A3, 2 grados por encima de Fitch Ratings), pero modificó la perspectiva de la calificación de estable a negativa con lo cual establece una línea de tiempo de 18 meses para una potencial revisión de la calificación.

Con respecto a Pemex, Moody’s realizó una revisión de la perspectiva de calificación de Pemex de estable a negativa.

“Ambas agencias calificadoras reconocen como fortalezas una economía amplia y diversificada, la sólida postura fiscal que ha consolidado la estabilidad macroeconómica, prudencia en la formulación de políticas macroeconómicas, así como un sistema bancario saludable, entre otras.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ratifica su compromiso con la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica y considera que través de mantener unas finanzas públicas fuertes es posible obtener una mayor resiliencia y márgenes de maniobra para hacer frente a los efectos de situaciones económicas adversas provenientes del exterior.

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El director de Comunicación de Altos Hornos de México (AHMSA), Francisco Orduña Mangiola, descartó que exista un riesgo que lleve a la siderúrgica a cerrar sus plantas, luego de que Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, determinara bloquear sus cuentas bancarias.

Especificó que las plantas operan con normalidad, y que lo que está parado son todas las transacciones financieras, por lo que en este momento están ante la dificultad de pagar a proveedores y empleados.

Asimismo, reiteró que emprenderán la defensa jurídica contra el acto que calificó de “ilegal e irracional”, por lo que esperan que el asunto se resuelva pronto.

“Creo que esto se va a resolver muy rápido, debería de resolverse hoy según el comunicado de Hacienda, no hemos tenido ninguna comunicación oficial (con la dependencia)”, afirmó el directivo a Notimex.

Este lunes, la Secretaría de Hacienda confirmó que, a través de la UIF, incluyó en la “Lista de personas bloqueadas” al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y a la persona moral AHMSA, acción que fue “conforme a derecho” y con la cual reafirma política de “cero tolerancia a la corrupción”.

Ello se debe a que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción, explicó la dependencia.

AHMSA calificó la medida como “arbitraria y violatoria de todo derecho», la cual daña a sus accionistas, a más de 20 mil trabajadores y a miles de proveedores, clientes y terceros que integran su extensa cadena industrial.

De acuerdo con información financiera de la empresa, sus ventas de productos de acero el año pasado fueron de tres millones 783 mil de toneladas, un incremento de 2.0 por ciento respecto a los tres millones 710 toneladas en 2017.

Sin embargo, el volumen de ventas de exportación disminuyó en 4.9 por ciento, al pasar de 478 mil toneladas a 454 mil toneladas en el periodo de referencia, debido a la implementación de aranceles por parte de Estados Unidos, como consecuencia una menor cantidad de pedidos.

En abril pasado, la siderúrgica alistaba el regreso de sus acciones a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de que concrete un pago a acreedores y avanzara en pláticas con una institución extranjera para alcanzar un acuerdo financiero, a fin de garantizar el pago acordado con los acreedores tras la suspensión de pagos, la que concluyó en mayo de 2016.

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(Con información de Notimex)

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias con las que opera Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA).

A través de un comunicado, la mayor siderúrgica del país acusó a la dependencia de haber llevado a cabo dicha acción de “manera indebida”, en un “acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho”.

Refirió que obstaculiza la continuidad operativa de AHMSA, dañando a sus accionistas, a más de 20 mil trabajadores y miles de proveedores, clientes y terceros que integran la extensa cadena industrial con los que la compañía tiene relación de negocios.

“Pone en riesgo la estabilidad económica de Coahuila y de otras zonas en que su actividad influye”, indicó la empresa.

AHMSA expuso que tras la decisión del organismo encargado de prevenir y combatir delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, está activando los mecanismos de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos.

“Una vez que se conozca la argumentación para esta arbitraria acción, que parece atribuir a AHMSA actos indebidos respecto de los que niega toda responsabilidad, aclarar ante la UIF, la SHCP y/u otra dependencia cualquier hecho que haya dado origen a un acto de autoridad que es violatorio de las mínimas garantías legales”.

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La oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Raquel Buenrostro, indicó que el desabasto de medicinas y materiales de curación en algunas instituciones de salud del país, fue causado por una planeación deficiente por parte de la administración de Enrique Peña Nieto.

“Por mejores prácticas el Gobierno Federal debe planear las compras de medicamentos y materiales de curación desde un año previo. Lo anterior significa que el abasto de 2019 lo debió haber dejado garantizado la administración anterior.

“Es decir, para todo el ejercicio 2019, la contratación se realizó desde noviembre de 2018. Sin embargo, la posible escasez de medicamentos y materiales de curación se debe a la planeación deficiente de 2018”, indicó la funcionaria.

En conferencia de prensa, refirió que, debido a esta mala práctica, la actual administración, mediante la Oficialía Mayor, se encuentra realizando un procedimiento de contratación para garantizar el abasto de medicinas del segundo semestre de 2019.

En ese contexto, aclaró que nunca se había hecho una compra de manera consolidada a mitad del año para el propio ejercicio. Anteriormente, ante la escasez, se realizaban compras urgentes directamente desde las Delegaciones del IMSS, ISSSTE y hospitales con precios elevados”, detalló.

Aseveró que para aprovechar la compra extraordinaria para el segundo semestre, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular), suscribió acuerdos con 22 entidades federativas para consolidar la compra y obtener mejores precios por mayores volúmenes.

“La nueva estrategia de contratación, desde la consolidación extraordinaria para el segundo semestre y las del próximo año, ha generado diversas reacciones tanto del sector público como en el privado: Por ejemplo, para adquirir medicinas para el resto de este primer semestre, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco no ha podido adquirir medicamentos porque nadie de la industria farmacéutica ha querido abastecerlo, a pesar de que cuenta con presupuesto suficiente. Esto podría afectar el servicio para aproximadamente 220 mil personas.

“Entonces, el desabasto no es, en primer lugar, del gobierno federal, el abasto del gobierno federal está garantizado y está garantizado desde una compra que se planeó en 2018 y para aquellas que fueron insuficientes estamos haciendo una consolidación y una compra muy a tiempo a mitad del ejercicio… Todo lo demás se debe a resistencias de todo tipo, incluyendo las resistencias del sector privado”, apuntó.

¿Cuál es el plan de Hacienda?

Buenrostro agregó que para evitar el desabasto de medicinas, Hacienda le dio forma a siete estrategias, con las que se logrará una mejor forma de organización que permita hacer las cosas mejor, “más eficientes, reduciendo los costos y combatiendo la corrupción”.

Expuso que el primer eje es el fortalecimiento de la planeación, pues su no se hace la labor de trazar todo se vuelve urgente y “cuando todo es urgente el proveedor siempre nos va a vender al precio que sea”.

El segundo es el mayor impulso a las mipymes y cooperativas, es decir, las compras no sólo se les hará a las grandes empresas.

La tercera línea es la coordinación de unidades contratantes, es decir, entre el público que dirige y coordina la normatividad y políticas de contratación a través de las Unidades de Administración y Finanzas (UAF) de las dependencias y entidades conforme a las mejores prácticas internacionales.

La otra línea estratégica son las compras consolidadas que pueden ser de diferentes tipos, “unas que por volumen nos permitan negociar mejor el precio; y la otra que permita en todo caso tener contrataciones de responsabilidad social y que se pueda difundir o poner estrategias de contratación que fortalezcan ciertas partes económicos como son las Pymes, las Mipymes y las cooperativas”.

La quinta línea estratégica es la implementación de herramientas tecnológicas para tener un sistema más transparente.

“De tal suerte que todo sea abierto, transparente, con mayor control y que cada quien sea responsable. Esto nos puede ayudar muchísimo no sólo a abatir la corrupción, sino también a ser más eficientes”.

La sexta estrategia es el cambio de cultura, pues “en este momento nos encontramos entre una gran transformación, donde muchas veces no sólo es un cambio de administración, sino es un cambio de régimen”.

“Eso sí mueve muchísimo tanto al personal desde lo más sencillo que esto ya no lo hago como siempre y ahora tengo que aprender nuevas cosas, hasta cosas más complejas como los controles y las líneas de comunicación y de operación que son más, tienen menos margen por así decir de dispersión, y entonces es más fácil tener un control sobre todo para abatir la corrupción”, dijo.

Finalmente, la séptima línea es la generación de un marco normativo flexible.

“Todo esto que estamos cambiando también lo vamos a fortalecer con algunas modificaciones en las leyes de adquisiciones y en la ley de obras”.

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continúa su patrullaje de los ingresos federales por recaudación.  Esta vez, el mensaje le tocó a las transnacionales.

La SHCP advirtió a las empresas extranjeras que operan en México acerca de las consecuencias de no cumplir debidamente sus obligaciones fiscales.

“[Para delitos de defraudación fiscal] está prevista una pena de hasta 9 años de prisión más la obligación de cubrir el monto de lo defraudado, incluyendo actualizaciones y recargos”, apuntó la secretaría en un comunicado publicado el jueves.

Hacienda subrayó que residir fuera del país no exentará a nadie de las consecuencias de no cumplir con sus obligaciones fiscales.

La dependencia hizo especial énfasis tanto en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), los cuales están obligados a pagar tanto residentes como extranjeros con fuentes de ingreso en suelo mexicano.

#ComunicadoDePrensa#ComunicadoDePrensaMX#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/DbqZti2ySP

— SHCP México (@SHCP_mx) May 23, 2019

Este mismo mes, la SHCP anunció un convenio con varias compañías extranjeras de transporte privado y entrega de alimentos a domicilio. El acuerdo busca que estas compañías -que incluyen a Uber, Rappi, Sin Delantal, Conershop y Cabify- colaboren en el pago de impuestos tanto propio como de sus empleados.

«La SHCP hace un reconocimiento a las plataformas digitales que participaron en el anuncio de colaboración para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (Uber, Cabify, Bolt, Beat, Cornershop, Rappi, Sin Delantal y Uber Eats)», apuntó la dependencia en su comunicado.

En un contexto de austeridad gubernamental, programas sociales ambiciosos y indisposición para incrementar o crear nuevos impuestos, la recaudación efectiva y sustanciosa se ha vuelto un punto crucial para la operación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al primer trimestre de este sexenio, el gobierno logró ingresos tributarios 5.1% mayores que los del mismo período del año previo, según cifras publicadas por Hacienda.

Sin embargo, estos ingresos se ubicaron 3 mil 471 millones de pesos por debajo de la meta establecida por la administración lopezobradorista para su primer trimestre.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó la renuncia de German Martínez Cázares como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no obstante, aclaró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “tiene que participar en todo lo que corresponde al Seguro Social y al ISSSTE”.

A su llegada a Veracruz, el mandatario subrayó que todos los funcionarios son libres y que “cada quien puede tomar la decisión que más convenga y hay que trabajar con convicciones”.

“Hay que estar a gusto, no se puede estar a disgusto, nada por la fuerza decía el presidente (Benito) Juárez, todo por la razón y por el derecho”, expresó el mandatario federal en el aeropuerto internacional de Veracruz.

Agregó que tenía conciencia sobre algunas diferencias entre el directivo con Hacienda, pues hace unos días “Germán Martínez le envió una carta para comunicarle su decisión”,

«Sin embargo, Hacienda tiene que participar en todo lo que corresponde al Seguro Social y al ISSSTE y al Gobierno federal aunque se trate de organismos centralizados autónomos”.

El mandatario destacó que Martínez Cázares quería tener más independencia en las decisiones en materia financiera, “pero hay que apegarnos a lo que establece la dependencia federal… todos… porque tiene que haber una administración sana y sin déficit”.

“Yo soy muy ortodoxo y muy respetuoso de las decisiones que toma Hacienda”, dijo AMLO y añadió que la dependencia tiene una política para que no haya déficit, es decir que no haya deuda y las finanzas estén sanas, esa es su función y “yo respaldo esa política”.

En este contexto, AMLO descartó que estén en riesgo los servicios de salud, pues “es una institución que funciona y seguirá funcionando sin ningún problema”.

Además, expuso que el gobierno federal no se puede dejar intimidar por los proveedores, “había mucha corrupción en la compra de medicinas”, nada más en IMSS un proveedor abastecía la mitad de las medicinas que se usaban en el Instituto. “Claro que hay presiones, pero hay que resistirlas y no dejarse intimidar”.

Antes de continuar su camino hacia el pozo petrolero Ixachi-1 en el municipio de Tierra Blanca, el mandatario aclaró que ya se están analizando las opciones para sustituir a Martínez Cazares, y pronto se anunciará.

“Ya estamos pensando, afortunadamente hay un buen equipo de mujeres y hombres con convicciones y principios, gente honesta”, enfatizó.

Finalmente, aseguró que quedó en buenos términos con Germán Martínez Cázares, pues “yo lo respeto mucho”, y agregó que aunque es la primera renuncia “van a haber otras”, al tiempo que soltó una carcajada.

“Seguramente Germán regresa al Senado, y va a seguir manteniendo sus principios, vamos a que mejore el Seguro Social, que se acoplen, que Hacienda y el Seguro Social se pongan de acuerdo”.

Más temprano, Martínez Cázares presentó al Consejo Técnico del IMSS su renuncia como director general del Instituto, justificando su decisión en que algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda “tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social”.

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El subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, aseveró que el apoyo de 15 mil millones de pesos para Petróleos Mexicanos (Pemex) no tendrá un impacto significativo en las finanzas públicas, pues sólo representa tres milésimas del presupuesto federal.

“Hay que ponerlo en perspectiva, son como de 15 mil millones de pesos y el presupuesto de la nación es de 5.8 billones de pesos, eso quiere decir que el apoyo que se le dio a Pemex aunque es muy importante para ellos, para nosotros son tres milésimos del presupuesto, ni siquiera es un tema de redondeo a dos cifras”, indicó tras participar en el ‘XIV Summit de Capital Privado’, realizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap).

El funcionario consideró que en la medida en que se dan más apoyos a la petrolera hay que ser cuidados, y se debe evitar que impacte a las finanzas o aumentar la recaudación de impuestos.

“Tenemos que ser cuidadosos, ir asegurando que tengamos el espacio, ya sea por mejor recaudación o porque no representa una cifra significativa para irlo absorbiendo”, dijo.

En ese sentido, aclaró que el Gobierno ya diseña medios para mejorar los niveles de recaudación, como el decreto que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la eliminación de la condonación fiscal y la implementación de impuestos a las plataformas digitales.

“El gran reto asociado a Pemex y a las finanzas públicas también es cómo vamos aumentando la recaudación y ahí es donde debemos enfocarnos… si nosotros estuviéramos no como los mejores países de América Latina sino como la media latinoamericana eso es un billón de pesos, el impacto de un billón de pesos adicionales a las finanzas públicas es brutal, no estaríamos hablando del tema de Pemex”, dijo.

Añadió que la baja recaudación es una de las tres restricciones de la economía mexicana, junto a la baja penetración del sistema financiero y la baja inversión pública, de 2.9 por ciento del PIB, que “es probablemente con excepción de Venezuela la más baja de la región, el promedio es de 3.5 por ciento”.

El funcionario de la SHCP consideró que hay un cuarto indicador fuera del sistema financiera que limita el crecimiento de la economía mexicana, y es la baja participación femenina en el mercado laboral.

“Debemos empezar a asumir las cosas donde nos vemos muy mal con respecto a los países en los que nos podríamos comparar, no puede ser que estemos por debajo en estos indicadores de naciones que tienen un menor nivel de desarrollo como Colombia o Perú”, añadió Herrera.

Al destacar que México enfrenta un entorno económico complejo, también reconoció que uno de los principales retos son los grandes cambios que vive con la llegada de un nuevo gobierno, “eso requiere un esfuerzo adicional de los mensajes que se dan”, y subrayó ante inversionistas que es indispensable la participación del sector privado para que México crezca más.

Arturo Herrera, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público en entrevista, conversando con Carlos Mendoza, Presidente de la #AMEXCAP y Alonso García Tamés, de @LaCDPQ acerca del “Programa de Impulso al Sector Financiero” en el #XIVSummitAMEXCAP #SumandoPorMéxico @LiliReyesC pic.twitter.com/ArtJF6GqHX

— AMEXCAP (@AMEXCAP) May 21, 2019

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(Con información de Notimex)

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El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, indicó que pese a un entorno global “muy complejo”, las finanzas públicas de México caminan en línea con las metas fiscales de 2019.

«En este momento, los ingresos, los egresos y el balance público van en línea con las metas que nos hemos fijado para este año y son la base para la estructuración del programa económico 2020», expuso en su discurso inaugural de la 29 Convención de Aseguradores de la AMIS.

Refirió que lo anterior es de subrayarse, pues “nuestra economía atraviesa por una coyuntura internacional muy compleja, debido a las actuales tensiones geopolíticas”, causadas principalmente por la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

Sumado a lo anterior, hay una desincronización en el crecimiento mundial observando regiones con crecimiento sólido, otras con un virtual estancamiento y otras con una contracción económica.

En ese contexto, acentuó que la piedra angular de cualquier estrategia a aplicar debe ser el contar con una economía sólida, dinámica y viable, y enfatizó que “los primeros datos de las finanzas públicas se ajustan a esta visión”.

Añadió que el «cumplimiento de nuestras metas fiscales no sólo contribuye a la estabilidad y certidumbre, sino también nos permite promover los programas sociales que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador», los cuales «son mecanismos de protección social y son responsabilidad inherente a las funciones de Estado.

Anunciarán medidas de fortalecimiento al sector asegurador

Además de asumir dicha función, el secretario de Hacienda expuso que la actual administración reconoce la importancia del sector privado y lo apoya, por lo que pronto anunciarán medidas de fortalecimiento para lograr los niveles adecuados de participación en la economía, de al menos 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“La iniciativa para el Fortalecimiento del Sector Financiero, que lanzó el presidente en enero, se enmarca en este propósito (de brindar bienestar a la población en todos los aspectos y mejorar el nivel de ingresos) y pretendemos hacer algo similar en el caso de ustedes (aseguradoras)”.

Manifestó que se buscará promover una mayor cobertura y la generación de nuevos instrumentos, modalidades para brindar certidumbre, dar estabilidad al consumo, apoyar la inversión y “así cerrar el círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo social”.

Agregó que esta visión supone contar con una estrategia de administración de riesgos públicos.

“Lo vemos como un esquema de análisis para la identificación, cuantificación, disminución y mitigación de riesgos que enfrenta la población, la sociedad en su conjunto y que enfrentan las finanzas públicas en particular”, concluyó.

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó que fueron congeladas las cuentas bancarias de un magistrado de Jalisco por mantener, presuntamente, vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tras su participación en el Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia, el funcionario detalló que la denuncia ante la Fiscalía General de la República sobre ese caso ya fue presentada.

Apuntó que lo anterior toda vez que el magistrado le otorgó amparos a dos personas del grupo criminal.

De la misma forma, se dio vista ante el Consejo de la Judicatura, pues al magistrado le fueron detectados 50 millones de pesos que no pudo justificar “y es lo que se está presentando en este momento como denuncia”.

“Las cuentas se bloquearon, estamos esperando que los bancos nos informen cuál era el monto que se tenía en las cuentas, no solamente de él, sino los relacionados, familiares, socios o personas cercanas», dijo Nieto

Respecto a la situación jurídica del magistrado, indicó que en el ámbito de la UIF, “se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República que estará desarrollando sin duda, la investigación correspondiente”, con la que se trabaja de manera cercana.

Resaltó que, en total, del 1 de diciembre a finales de abril, “se tienen dos mil 500 millones de pesos ya congelados y 877 millones de forma indirecta, lo cual nos había permitido generar el mayor nivel de bloqueos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera”.

De acuerdo con Nieto Castillo, se han llevado a cabo 54 denuncias durante la presente administración federal por corrupción, lavado de dinero, robo de hidrocarburos y trata de personas, entre otros delitos, involucran a por lo menos 222 personas.

Durante su participación en el seminario, indicó que el monto de las operaciones denunciadas superan los 49 mil millones de pesos, entre ellos, 117 millones de euros y más de 478 millones de dólares americanos.

“Hay 56 acuerdos de bloqueos que nos han permitido en su conjunto, bloquear de manera directa más de dos mil 658 millones y 878 millones de forma indirecta, esto significa que tenemos más o menos tres mil 500 millones de pesos bloqueados por el sistema financiero”.

Se tienen tres casos donde “los jueces han librado suspensiones provisionales en contra de los bloqueos al señalar algún tema de carácter constitucional”, lo que se va a resolver con la forma legal que ha planteado la bancada de Morena en el Senado, para reformar el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Ello, a fin de que haya una garantía de audiencia a nivel legal “y no como hoy existe, a nivel extralegal”, precisó el funcionario de Hacienda.

“Tenemos una realidad en la vida pública y privada de México respecto al impacto que tiene la corrupción en los diseños institucionales y sobre todo en la confianza en las instituciones”, comentó.

Nieto Castillo observó que se han dado 29 vistas que involucran a 76 personas, incluyendo a seis servidores públicos, entre ellas, a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), por temas vinculados a casos de posibles actos de corrupción.

«Hemos construido unos sistemas institucionales fuertes, sin embargo no se está traduciendo en ámbitos de efectividad. Los datos de la actual administración con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador son 54 denuncias con 222 personas denunciadas”.

En este marco, detalló que el combate a la corrupción, como cualquier esquema de impartición y procuración de justicia, implica por lo menos cinco elementos: prevención, seguridad, procuración de justicia, impartición de justicia, así como ejecución de penas.

Al referirse de forma particular al tema de impartición de justicia, expuso que los actores involucrados en este rubro no tienen la perspectiva de la división criminal de Estado o división de Estado de combate a la corrupción, “poco podemos avanzar en la materia”.

Respecto al presunto lavado de dinero en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, expuso que el jueves próximo se tendrá la garantía de audiencia y en caso de que puedan justificar la procedencia lícita de los recursos, se desbloquearán las cuentas, de no ser así, se presentará la denuncia correspondiente ante la FGR.

“Es raro que una Universidad reciba 151 millones de dólares de una transferencia desde Suiza”, observó, al comentar que los recursos se tienen que acreditar en razón de que no se trata de un operativo regular de las universidades públicas del país

De acuerdo con el titular de la UIF, también hay temas de corrupción a partir de posible lavado de dinero que vincula a empresas mexicanas con países de Latinoamérica, incluso la adquisición de despensas que se señalaba, que eran sobrevendidas a un sobreprecio al país donde llegaban.

Santiago Nieto comentó que también se encontraron transferencias irregulares que vinculan a exservidores públicos que reciben traspasos de dinero en efectivo “que no podrían justificar” o bien se generan empresas “fachada”, que son contratadas sobre todo por los gobiernos estatales, “pero también a nivel federal”.

A nivel internacional, el Índice de Percepción de Corrupción ubica a México en el lugar 138 de 180 países; la corrupción representa nueve por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según el Banco de México, en tanto que en temas de impartición de justicia, “nos encontramos en niveles críticos”, con 98 por ciento de impunidad, alertó.

(Con información de Notimex)

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está preparando un acuerdo con plataformas como Uber.

En las próximas semanas, la dependencia dará a conocer un acuerdo recaudatorio con este tipo de plataformas, dijo el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, en entrevista con el portal Bloomberg.

Aunque se rehusó a dar detalles sobre el pacto, se prevé que la intención es incorporar a usuarios y trabajadores vinculados a este tipo de plataformas que forman parte de la llamada “economía colaborativa”.

Herrera Gutiérrez ya había confirmado el mes pasado las intenciones del actual gobierno de imponer nuevos impuestos a plataformas digitales como Uber, Netflix y Airbnb.

Cabe mencionar que la administración pasada ya se encontraba negociando con Uber para que la empresa retuviera parte de los ingresos de sus conductores; también mantuvo conversaciones con Netflix para gravar el consumo de sus usuarios.

Un acuerdo de este tipo representa buenas noticias para la administración de Andrés Manuel López Obrador, que ha tenido que buscar un balance entre la llamada “austeridad republicana” y ambiciosos planes tanto de infraestructura como de gasto social, esto sin crear o aumentar impuestos para la población general.

La tarea se percibe aún más difícil considerando que los niveles de recaudación de México son de los más bajos entre los países de la OCDE: alrededor de 16% del Producto Interno Bruto.

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(Con información de Bloomberg)

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